Marcelo López, el dueño del residencial clandestino de Río Branco (Cerro Largo) en donde encontraron a nueve ancianos en malas condiciones de cuidado, habló con El Observador y contó en qué situaciones vivían esas personas. Según su testimonio, los adultos mayores están «en buen estado» y tenían camas, luz, agua y un baño disponibles.
«Los ancianos míos están todos en Salud Pública (de Río Branco) para que las familias los levanten, porque ya no quiero seguir más. Hay familias que me piden que yo siga, pero no quiero seguir más, porque ya bastantes problemas me dio» (la situación), señaló.
López sostuvo que cobraba entre $3 mil y $9 mil por el servicio que brindaba y explicó que la tarifa variaba entre los internos. Las familias pagaban a López la cuota mensual y los ancianos que estaban solos iban a cobrar su pensión o su jubilación para cumplir con el pago.
También admitió que el residencial era clandestino y que «hace años» había intentado ponerlo en regla, aunque nunca culminó los trámites. De hecho, mientras López trataba de conseguir la habilitación para el hogar, una asistente social de un municipio llevó a un anciano que no tenía dónde vivir. Según su relato, esa es una de las ocho personas que se encuentran internadas en el Hospital de Río Branco. Una de las personas fue trasladada a Montevideo ya que tenía una infección en una pierna.
El hombre contó que llevó a los ancianos a una precaria casa en el campo porque se asustó, ya que le habían dicho que llegaría una inspección del Ministerio de Salud Pública (MSP) a Río Branco. Por ese motivo trasladó a las personas y «cansado de los problemas» que le trajo el hogar, pretendía contactarse con las familias de los ancianos para que los retiraran.
«Los llevé por unas horas nada más para llamar los familiares, nada más que eso (…). Yo les iba a llevar las camas de noche, por si los agarraba la noche, porque las tengo yo», sostuvo. López contó que cuando encontraron a los ancianos, hacía «tres o cuatro horas» que estaban allí.
Reubicados
El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a El Observador que la Fiscalía solicitó información a las instituciones que otorgaron préstamos a los internos, como el Banco de Previsión Social (BPS) y Anda. También pidió una pericia psiquiátrica de los nueve ancianos. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el MSP deberán informar a la Justicia sobre las posibilidades de atención para las personas que se encuentran en el Hospital de Río Branco.
De todos modos, fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijeron a El Observador que por el momento no hay hogares del prestador público con lugar para recibir a estas personas.
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