El Banco de Previsión Social (BPS) le comunicó oficialmente a Alcoholes del Uruguay (ALUR) que por la llamada partida «plus» que entregó durante una década a trabajadores de Bella Unión, la empresa subsidiaria de ANCAP debe pagar los aportes correspondientes a la seguridad social.
Los servicios técnicos del BPS aún no determinaron los montos que se le cobrará a ALUR por los $ 80 millones (según datos aportados en el Parlamento) pagos en forma indebida a los cortadores de caña de azúcar.
Al monto que determine el BPS por aportes se le sumarán multas y recargos. Un atenuante, según se explicó, fue que ALUR se presentó voluntariamente a consultar si debía dinero y no fueron las inspecciones del banco las que detectaron la anomalía.
Las autoridades de ANCAP, presididas por Marta Jara, y de ALUR, a cuyo frente está Juan Carlos Herrera, explicaron que luego de terminado un convenio salarial con los cortadores de caña, que había tenido renovaciones desde hace 10 años, detectaron que se pagaba una partida especial a trabajadores que no pertenecen a Alcoholes del Uruguay.
Los cortadores son contratados directamente por los productores de caña de azúcar y no por ALUR.
De la reunión también participó el subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi.
El directorio de ANCAP tiene el convencimiento de que por esas partidas extra que se pagaron debieron hacerse aportes al BPS. Según los acuerdos firmados desde el año 2008, el dinero fue «un complemento» salarial. El senador Leonardo De León (Frente Amplio) quien fue presidente de ALUR, dijo que ese dinero fueron «donaciones» dando a entender que no debían aportar a la seguridad social.
Abogados laboralistas consultados por El Observador explicaron que cualquier pago sostenido en el tiempo debe pagar aportes incluso si son donaciones. En ese caso, debe aportarse a la seguridad social luego de la tercera donación.
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Finalmente el BPS notificó a ALUR que estaba en falta y que por tanto debía pagar aportes.
Luego de que El Observador informó sobre esa partida conocida como «plus» en Bella Unión,
ALUR emitió un comunicado donde las reconoció y precisó que beneficiaron a 1.500 trabajadores que recibieron un pago anual promedio de $ 7.000.
Sin embargo, según datos de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), esa partida la recibían unos 2.600 trabajadores que pasaban a retirar el dinero por Redpagos.
En la comisión parlamentaria reunida este miércoles, según participantes consultados por el El Observador, las autoridades mencionaron que el dinero lo recibieron unas 4.500 personas a lo largo de la última década.
«Parece mentira que después de 10 años recién se advirtió que no se hacían los aportes», dijo el diputado Olivera.
El legislador reclamó que ALUR investigue y determine responsabilidades porque, según la ley, «los administradores y directores de las Sociedades Anónimas son solidariamente responsables con su patrimonio por actuar con culpa grave».
«Ahí estuvieron Raúl Sendic y Leonardo De León, entre otros jerarcas», dijo el diputado nacionalista.
El director de ANCAP, Diego Labat, señaló a radio Montecarlo que también se la DGI para determinar si también se le debe pagar a ese organismo por las partidas «plus».
Fracking
En Uruguay «no hay un escenario de fracking (técnica de extracción de hidrocarburos) en el corto plazo», dijo el subsecretario de industria, Guillermo Moncecchi. Agregó que «la mejor técnica para garantizar el cuidado del medioambiente no es la prohibición absoluta».
El diputado Walter Verri impulsa para el fracking una moratoria de cinco años. Moncecchi dijo que en los hechos eso «es una prohibición» y comentó que esa técnica es estudiada por el gobierno.
