El proyecto del Gobierno francés para endurecer el control a los desempleados, así como las sanciones para los que no busquen activamente empleo ha generado polémica y críticas de la oposición y los sindicatos.
El semanario Le Canard Enchaîné reveló una nota interna del Ministerio de Trabajo que prevé suprimir la subvención a los desempleados que rechacen ofertas de contratos y la obligación a cada uno de ellos de elaborar un informe mensual sobre sus actividades de búsqueda de trabajo.
En concreto, la circular ministerial, que está en curso de ser estudiada, prevé que se disminuya un 50% el subsidio durante dos meses a quienes no acepten dos ofertas «razonables» de trabajo, y si el desempleado reincide, se incluye la supresión total de la ayuda durante otros dos meses.
Esas medidas suponen un endurecimiento de las sanciones, que hasta ahora recogían una reducción del subsidio del 20% y del 50% en caso de reincidencia. Además, introduce un control más estricto de cada desempleado, tal y como venía reclamando la principal patronal, Medef.
La oposición de izquierdas acusa al Gobierno de pretender «sacar a muchos desempleados del mercado laboral» y «nivelar a la baja» a los desempleados, obligándoles a aceptar cualquier proposición, según el portavoz de La Francia Insumisa, Alexis Corbière.
También los ultraderechistas del Frene Nacional criticaron el proyecto que su portavoz, Jordan Bardella, consideró que introduce la «sospecha generalizada» en «las víctimas del desempleo masivo».
El secretario general del sindicato Force Ouvriere, Jean-Claude Mailly, consideró «normal» que se controlen eventuales derivas en el pago del subsidio de desempleo, pero calificó de «intolerables» las sanciones avanzadas.
Ante la amplitud de la polémica, el presidente, Emmanuel Macron, que se encontraba de vacaciones en una estación de esquí pirenaica, interrumpió su descanso para defender su proyecto. «Lo anuncié en la campaña electoral (…) No hay nada sorprendente, lo hacen ya todos los países que nos rodean», aseguró a la televisión LCI.
Recordó su intención de invertir 15,000 millones de euros en la formación de desempleados como principal medida para fomentar su retorno al mercado laboral y aseguró que eso implica que haya «mucho rigor» en el pago de los subsidios.
