Miembros de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Representantes constataron “severos problemas” de seguridad laboral en el establecimiento “Arrozal Treinta y Tres”, ubicado en Vergara, departamento de Treinta y Tres.
El emprendimiento de 7 mil hectáreas sembradas y que emplea alrededor de 400 trabajadores, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por incumplir normas de seguridad laboral.
El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez informó al cuerpo lo constatado en una visita realizada el pasado 26 del corriente, en el marco de las denuncias realizadas por la organización sindical del establecimiento. Señala Núñez que “luego de recorrer las instalaciones de la planta, junto a representantes del sindicato y una delegación de la Mesa Departamental del PIT-CNT, fueron constatados severos problemas de seguridad laboral”.
“En primer lugar, la fumigación realizada desde avionetas con herbicidas y agro tóxicos en el campo en el momento en que los trabajadores se encuentran desempeñando sus labores”. Agrega que en diálogo con el representante del Arrozal Treinta y Tres, la empresa reconoció que existen “problemas de comunicación” entre quienes realizan la fumigación y los trabajadores en el campo a la hora de coordinar la evacuación del área que va a ser fumigada”. Por otra parte, “el transporte que lleva a los trabajadores de la planta al campo carece de las más mínimas condiciones de seguridad. El traslado se realiza en la caja de camiones y camionetas, que no cuentan con asientos, cinturones de seguridad, cabina cerrada, etc”.
“La empresa también reconoció que estas dificultades existen. En cuanto a las herramientas de trabajo, se constataron problemas severos en el estado de los tractores. Muchos de ellos no cuentan con cabina, por lo que los trabajadores desarrollan su labor a la intemperie en cualquier situación climática”. “Otros tantos tienen graves problemas de mantenimiento, como la ausencia de frenos o de cinturones de seguridad. En este punto, la empresa también reconoce las carencias.
Tomando en cuenta estas situaciones, todas reconocidas por la empresa, el propietario se comprometió a instalar una Comisión de Seguridad integrada por representantes de la empresa y del sindicato y supervisada por un técnico prevencionista para trabajar sobre estos asuntos”. Sin embargo, a pesar de “reconocer la organización sindical”, la empresa “realizó despidos y envíos a seguro de paro a varios de los dirigentes sindicales que encabezaron el conflicto, mientras mantenía la realización de horas extras por parte de otros trabajadores”. “Esto implica una clara señal de represión sindical, situación que hace complejo el panorama para la solución de los temas antes mencionados”, señaló Núñez.
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