La Dirección General Impositiva (DGI) publicó ayer la lista de jurisdicciones que pasarán a estar gravados bajo la nueva ley de transparencia fiscal que busca desalentar la utilización de entidades residentes offshore, constituidas o ubicadas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT), más conocidos como paraísos fiscales.
La resolución de la DGI abarca una lista de más de 70 jurisdicciones entre las que sobresalen algunos países donde uruguayos tienen sociedades offshore como Panamá, Jamaica, Comunidad de Bahamas, Antillas Holandesas, Antigua y Barbuda, Mónaco, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EEUU, entre otras.
La DGI estima que existen unas 2.000 sociedades offshore registradas en paraísos fiscales, la mayoría compuesta por holdings panameños que administran otras sociedades o empresas.
La nueva normativa de Uruguay establece que todos aquellos ciudadanos uruguayos que cuenten con sociedades en ese conjunto de países deberá ahora tributar IRAE (25%), IRPF (12%) e IRNR (12%) sobre las rentas proveniente de la venta de acciones. Además, se eleva al 25% la tasa de IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) aplicable a las rentas obtenida en paraísos fiscales. Se exceptúa el caso de los dividendos y utilidades, cuya tasa se mantendrá en 7%.
Además, las rentas correspondientes a la venta de bienes inmuebles situados en territorio uruguayo nacional se gravan con una tasa general del 25% más una tasa complementaria del 5,25%.Para rentas originadas en otras trasmisiones patrimoniales de bienes situados en territorio nacional la renta ficta pasa del 20% al 30%. Asimismo las entidades ubicadas en jurisdicciones de baja tributación pasarán a tributar Impuesto al Patrimonio a una tasa del 3% -antes pagaban 1,5%-.
En diálogo con El Observador el gerente tributario de Ferrere, Fabian Birnbaum, consideró como un «buen paso» que la DGI publique la lista de países que estarán alcanzados por el nuevo esquema tributario porque genera «certezas» sobre el alcance de la norma.
El gobierno introdujo esos cambios a los efectos de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo fue estar en línea con los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información financiera y mejorar la eficiencia de la recaudación impositiva.
