La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) resolvió enviar en los primeros días de marzo al Poder Ejecutivo una nueva propuesta para superar el prolongado conflicto derivado del «enganche» de las remuneraciones de estos trabajadores a las de los ministros de Estado.
Una reciente asamblea rechazó la propuesta que había hecho el gobierno. El sindicato insiste en reclamar un incremento de 21,16% retroactivo a diciembre de 2012 pero el gobierno propuso un 15,76%.
Eduardo Silveira, secretario general del sindicato, dijo en Subrayado que la propuesta se hará en marzo, que habrá una marcha nacional del gremio y que analizarán medidas que pueden llegar a afectar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
La asamblea resolvió pedirle al gobierno que utilice el dinero de que dispone para pagar la adecuación salarial que hubiese correspondido si se hubie-ran realizado todos los ajustes y negociar cómo saldar la deuda por las adecuaciones no realizadas y su equivalente en dinero.
El Poder Ejecutivo, en tanto, ya dejó en claro que no presentará una nueva propuesta a los funcionarios judiciales tras el rechazo de la asamblea a la última fórmula presentada para pagar los adeudos que se generaron por la Ley de Presupuesto de 2010 que ató el salario de este grupo de trabajadores al de los ministros de Estado.
La asamblea había rechazado por 1.543 votos contra 589 la propuesta del Poder Ejecutivo. Tampoco los actuarios han llegado a un acuerdo con el gobierno. Como consecuencia de la asamblea, Carlos Fessler, que era secretario general del sindicato, pasó a ser secretario de Actas y su puesto pasó a ser ocupado por Eduardo Silveira, que era secretario de Interior.
La carta a su favor que tienen los funcionarios es un fallo de inconstitucionalidad que no tenía ninguno de los otros grupos que ya llegaron a un acuerdo con el gobierno (defensores de oficio, fiscales, magistrados e integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo).
Si bien en el dictamen se estableció una forma de liquidación, no se contemplaron los derechos que se pudieran haber generado entre abril del año 2011 y diciembre de 2012.
La oposición ha cuestionado al oficialismo por no haber tomado en cuenta las advertencias realizadas en 2010 respecto a que el «enganche» podía generar una situación como la actual. El propio senador oficialista Rafael Michelini reconoció, durante el debate parlamentario sobre la fórmula que se ofreció a los grupos con los que se acordó, que se estaba enmendando un error.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo luego de la decisión de la asamblea judicial que «hay una sentencia vigente, pero hay un artículo legal que faculta al Poder Ejecutivo a pagar cuando tenga fondos disponibles». Agregó que su cartera quiso «seguir el camino de la negociación» y que el gobierno creyó que se tenía «un buen acuerdo que lamentablemente, pero democráticamente, se rechazó» por parte de los trabajadores.
«El gobierno no va a poner más en esto y habrá que esperar la instancia que jurídicamente corresponda», precisó.
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