La empresa Gas Sayago, una sociedad anónima creada por UTE y ANCAP para gestionar la postergada regasificadora, gasta US$ 3 millones al año en salario de una veintena de funcionarios pese a que la obra del gasoducto, que justifica la existencia de esta compañía, está detenida hace más de dos años.
Un documento tratado por la Comisión Investigadora que se lleva adelante en la Cámara de Diputados sobre la inversión de la regasificadora señala que la empresa paga mensualmente en salarios $ 1.997.210, según informó el diario El País.
El documento señaló que la gerenta de la compañía cobra $ 360 mil mensuales, al tiempo que dos gerentes perciben un salario de alrededor de 200 mil mensuales, el coordinador del gasoducto $ 231 mil, y el director de obra 199 mil mensuales. Además un especialista en comunicación cobra $ 102 mil, el jefe de operaciones marítimas cobra $ 199 mil, la contadora técnica $ 231 mil y el gerente de finanzas y servicios percibe $209 mil.
En tanto, el encargado de relaciones institucionales y un auxiliar de atención ciudadana se encuentran en el Seguro de Paro.
La comisión que investiga el negocio de la regasificadora fue aprobada en noviembre de 2016 por iniciativa del diputado nacionalista, Pablo Abdala. Entre los puntos que se están investigando está forma en la que seleccionó la empresa constructora, GNLS y OAS, las cuales según Abdala no presentaron la oferta más conveniente ni en lo técnico ni en lo económico.
Además, OAS está asociada a uno de los mayores escándalos de corrupción que se indagan en Brasil en la operación Lava-Jato, que ha llevado a la cárcel a empresarios y gobernantes por el pago de sobornos vinculado a la concesión de obras.
La investigadora también analizará las pérdidas generadas por la empresa Gas Sayago, que suman US$ 65 millones. Además, 380 empresas uruguayas que suministraron insumos y servicios a GNLS y OAS perdieron más de US$ 22 millones que buscan cobrar en un proceso concursal ante la justicia.
