La corrupción es inherente al sistema político brasileño. La gigantesca trama que afecta a Brasil comenzó a destaparse hace algo más de tres años y salpica el mandato de los últimos presidentes del gigante latinoamericano: Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), ambos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), y también del actual mandatario, Michel Temer, del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
En marzo de 2014, la Policía Federal (PF) lanzó la Operación Lava Jato, que investiga una megarred de lavado y malversación de fondos que involucra a políticos, Petrobras y grandes contratistas. El nombre se tomó de la gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales. El exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, fue detenido tres días después. Había comenzado a ser investigado por la PF tras el regalo un automóvil de lujo en 2013.
Las confesiones de Costa, entre otras, destaparon una trama de corrupción masiva en Petrobras, de la que formaban parte directivos, políticos y contratistas. Fueron desviados más de 568.2 millones de dólares de las arcas del Estado. Todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2,690 millones en comisiones ilegales y otras irregularidades.
El escándalo de Petrobras fue un tema central de la campaña electoral de 2014 en que fue reelegida Rousseff. La filtración de Costa a la PF, en la que acusaba a los políticos implicados en la trama, fue usada por los candidatos de la oposición para atacar a Rousseff.
Había empresarios que pagaban sobornos a funcionarios públicos para aumentar sus márgenes de beneficio y obtener favores amañando licitaciones. En noviembre de 2014, la PF ordenó la detención preventiva de 23 directivos de empresas como Mendes Junior, OEA, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Odebrecht. Era un verdadero cártel que establecía normas. Diversos documentos prueban la existencia de un club de los contratistas, que decidía quién participaría en determinadas licitaciones. Ricardo Ribeiro, presidente de UTC-Engenharia y acusado de ser el coordinador del cártel, era responsable de los pagos a funcionarios públicos de alto nivel, lo que aseguraba que sólo los miembros del cártel fueran invitados a las licitaciones. Las cantidades variaban entre un 1 y un 5% del valor del contrato.
A principios de 2015, Rousseff inició su segundo mandato. Fue detenido el tesorero del PT. La directiva de Petrobras renunció. Se nombró presidente de la petrolera a un banquero cercano al PT. En febrero se creó la tercera Comisión Especial para investigar las sospechas de corrupción estatal. Las otras dos, de 2014, no pidieron el procesamiento de políticos. La agencia Fitch rebajó la nota de Petrobras a BBB-, la más baja del grado de inversión. Moody’s ya había hecho lo propio.
En marzo, el Supremo autorizó investigar a 49 políticos y autoridades, entre ellos los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB. Cunha fue detenido un año más tarde. Había igualmente políticos que recibían sobornos desviados de Petrobras. Los políticos implicados en la trama recibían el 3% del valor de los contratos estatales. El dinero habría sido usado para financiar campañas electorales y sobornar a diputados, senadores y funcionarios. El procurador general de la República entregó una lista pidiendo la apertura de una investigación contra 28 políticos. Entre ellos, además de Calheiros y Cunha, exministros, una exgobernadora y el expresidente Fernando Collor de Melo.
En abril y con cinco meses de retraso, Petrobras anunció el balance de cuentas de 2014. La empresa registró pérdidas por más de 1,500 millones en concepto de desvíos de recursos de la operación Lava Jato y de más de 5,238 millones a final de año. La devaluación de sus activos superó los 10,600 millones.
En junio la PF ordenó la detención de los presidentes de las empresas constructoras Andrade Gutierrez y Odebrecht: Otavio Azevedo y Marcelo Odebrecht. Cuentas e inversiones por valor de 4,8 millones fueron congeladas. Más tarde, los dos acusados serían procesados y, en marzo de 2015, Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. El caso Odebrecht afecta a gran parte de América Latina por sus numerosas derivadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre sobornos efectuados por la constructora en doce países de América Latina y África. Odebrecht pagó unos 883 millones en sobornos en los 12 países. Los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en esos estados», según un Tribunal de Nueva York.
Tras la detención de Odebrecht, la Fiscalía abrió investigación penal contra Lula, para descubrir si incurrió en un delito de tráfico de influencias para favorecer a la constructora haciendo lobby. Posteriormente, solicitó a la Cancillería documentación diplomática para las conexiones internacionales. En agosto una comisión parlamentaria citó al exministro José Dirceu, mano derecha de Lula, y a Odebrecht por corrupción.
En diciembre la Policía desmanteló otra red que habría desviado recursos de Petrobras desde 1997.
En enero de 2016 la Fiscalía de Sao Paulo citó a Lula por supuesto lavado de dinero por la compra de un apartamento. En marzo la policía le conduce a declarar a una comisaría por sospechas de ocultación de patrimonio y lavado de dinero. En mayo el Congreso votó a favor del proceso destituyente contra Rousseff, que fue separada de la presidencia durante 180 días y sustituida por su vicepresidente, Michel Temer. El 31 de agosto se aprobó la destitución y Temer asumió la presidencia.
En septiembre la Fiscalía acusó a Lula de ser «comandante máximo» de un «sobornoducto» organizado durante su Gobierno para, con recursos desviados de organismos estatales, financiar a sus aliados. Un mes más tarde la Fiscalía presentó cargos contra Lula por delitos de corrupción. En diciembre el juez Sérgio Moro aceptó otra denuncia por supuesta corrupción contra Lula.
Por primera vez, Lula se presentó este miércoles en los tribunales y se enfrentó cara a cara con Moro. Fue mucho más que un procedimiento judicial. El encuentro es considerado un punto y aparte en las indagaciones de Lava Jato, caso en el que Moro es el juez símbolo. Él y Lula son dos de las figuras más polarizadoras en el actual debate público brasileño. En estos momentos, también Temer es acusado de haber avalado los sobornos en un escándalo que podría costarle el cargo.
