En las últimas semanas fueron aprobadas en forma expresa a pedido del gobierno las prórrogas del beneficio a siete grandes emprendimientos.
En forma expresa y el mismo día, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron este jueves la extensión del seguro de desempleo para 120 trabajadores de Pili. La histórica industria láctea ubicada en Paysandú está en proceso de liquidación, luego de una larga agonía y del fracaso de varios intentos por salvarla.
El beneficio para sus funcionarios regirá hasta el último día de 2019, según lo previsto por el Poder Ejecutivo. La esperanza que en estos catorce meses logren una alternativa laboral que, en estos momentos, parece difícil.
La urgencia en la ratificación de la iniciativa obecede a que, a partir de este viernes, resta solo un año para la próxima elección nacional. Es que, doce meses antes de esa fecha, la Constitución impide, entre otros aspectos, determinar aumentos de sueldos o pasividades o cualquier tipo de innovación previsional.
Los de Pili no fueron los únicos trabajadores en problemas a los que, en las últimas semanas, se les prorrogó el seguro de desempleo.
El lunes pasado el Parlamento recibió el pedido del Poder Ejecutivo de extender el seguro de paro a los trabajadores de otra firma láctea, la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme).
Una empresa que atraviesa una situación económica comprometida, en el marco de la difícil coyuntura que atraviesa el sector. En particular, Coleme ha venido registrando serios problemas de endeudamiento con productores y proveedores y crecientes dificultades para obtener financiamiento.
Hoy la cooperativa está limitada a la elaboración y venta de leche en su departamento, al haber suspendido la producción de quesos. La firma emplea a 60 trabajadores, de los que más de la mitad ha venido recibiendo sucesivas prórrogas en el seguro de paro.
Al igual que los otros casos, la extensión también regirá hasta el 31 de diciembre de 2019.
Este mismo jueves fue promulgada la ley que le otorgó el beneficio a los trabajadores de la Cooperativa de Cerámicos Olmos (CTC), la empresa recuperada en 2013 luego del cierre de Metzen & Sena.
Reconocida por la histórica calidad de sus productos, la cooperativa fue una de las apoyadas por el Fondo de Desarrollo Económico (Fondes) pero su talón de Aquiles fue siempre el costo de producción, sumado a las trabas que encontró para colocar su producción en Argentina, su principal mercado.
Varios ministerios y la Intendencia de Canelones exploran por estas horas alternativas para una salida al emprendimiento, vital para la zona en donde está ubicado. La mayoría de sus 120 trabajadores han agotado el máximo de prórrogas del seguro que puede disponer el gobierno, por lo que ahora se requería el aval parlamentario.
El mismo día en que se promulgaba la ley relativa a CTC, también cobraba vigencia la relacionada con los trabajadores de Loryser SA, subsidiaria de Orosur Mining, la minera que operaba en la zona de Minas de Corrales, en Rivera.
La empresa había manifestado en los últimos tiempos tener dificultades económicas por la disminución de la calidad del material extraído, lo que comprometió su rentabilidad, y desembocó en su presentación voluntaria a un concurso de acreedores.
Mientras espera solucionar sus graves problemas de endeudamiento, está a la expectativa de que el gobierno le autorice un nuevo emprendimiento, en duda por su potencial impacto ambiental.
La empresa empleaba a a 320 trabajadores en forma directa y a casi 1000 de manera indirecta, pero el impacto de su cierre afecta también a los 3700 habitantes de Minas de Corrales, debido que prácticamente era la única fuente de trabajo en la zona.
A principios de octubre, en tanto, cobró vigencia una nueva extensión del seguro de desempleo para los ex funcionarios de la Fábrica Nacional de Papel y sus derivadas, Liderliv SA y Comital Uruguay SA.
Su cese, en 2017, supuso la pérdida de fuentes laborales para más de 300 personas, la mayoría de las cuales no pudo acceder hasta el momento a un nuevo empleo.
Doscientos de ellos han participado en cursos de capacitación brindados por el Estado, que apuesta a la viabilidad de un proyecto para una fábrica de bolsas de papel que, de todas formas, comprendería a una parte menor de la plantilla.
Al mismo tiempo se promulgaba un beneficio similar para los ex funcionarios de la Cooperativa Textil Puerto Sauce, también ubicada en Juan Lacaze, una ciudad fuertemente afectada por el cierre de emprendimientos en los últimos tiempos.
Al igual que en el caso de Fanapel, el Ejecutivo viene apostando a cursos de capacitación y reconversión para los ex trabajadores de la textil, que de todas, formas, no han podido encontrar una alternativa y han agotado todas las prórrogas posibles para estar amparados en el seguro de paro.
La situación de la Textil Puerto Sauce, heredera de la histórica Camponar & Soulas y sucesora de la también quebrada Agolán, afecta a 60 personas.
Finalmente, se aprobó otro proyecto estableciendo, por primera vez, un régimen de seguro de desempleo especial para los trabajadores de la citricultura afectados a tareas de cosecha o packing.
La justificación dada por el Poder Ejecutivo es la caída en la producción registrada en 2017 con respecto a la zafra anterior, situación que se repitió este año. El período de cosecha, además, se ha acortado y la producción está lejos de exhibir los volúmenes exportables anteriores a 2012.
En este caso, el beneficio abarca a unos 3000 trabajadores.
