La secretaria adjunta de Conmebol, Monserrat Jiménez, que lleva adelante un millonario juicio del organismo del fútbol sudamericano contra Casal, desembarcó en el país donde el poder del empresario es innegable.
Monserrat Jiménez, una de las enviadas de la Conmebol a Uruguay para designar a la comisión regularizadora que gobernará al fútbol uruguayo hasta la elección de autoridades, catalogó a Francisco Casal –quien tiene los derechos de televisión del fútbol uruguayo hasta 2025- como «uno de los grandes enemigos del fútbol».
En la edición del 19 de junio de 2018 Referí dio cuenta de las expresiones de Jiménez en Fox Sports el día que Casal fue condenado a pagar US$ 10 millones.
«Tenemos ahora un resultado de una condena de unos US$ 10 millones a favor de la Conmebol, más intereses y otros gastos que básicamente son US$ 12 millones, así que estamos muy contentos porque hemos derrotado a uno de los grandes enemigos del fútbol, el señor Francisco ‘Paco’ Casal», declaró Jiménez en Fox Sports.
La secretaria adjunta de la Conmebol expresó los motivos del juicio.
Casal «tenía un contrato de la (Copa) Sudamericana, él compró las vallas, no pagó el contrato. Por razones que no sabemos las administraciones anteriores, a pesar de ese incumplimiento, le volvieron a entregar para los períodos 15, 16 y 17, sin embargo él no pagó y Conmebol le inició un juicio de rescisión unilateral de contrato. Él reivindicó la demanda, igual le ganamos».
«Esperemos que pague al fútbol lo que le debe. Esa no es plata de la Conmebol, sino de nuestras asociaciones miembros y de sus clubes, y también en el juicio de Estados Unidos tenemos un pedido de restitución de dinero de parte de todas las personas que tuvieron que ver con el FIFA-gate. Conmebol es una víctima de todo lo que ocurrió y como víctima aplicamos para resarcimiento del dinero ante la fiscalía norteamericana».
Jiménez fue enviada ahora a Uruguay, donde Casal tiene los derechos de televisión del fútbol local hasta 2025 y algunos clubes pretenden extender el acuerdo hasta 2032.
Su misión, junto con la de otros dos representantes, será la de designar una comisión que pueda regularizar la situación que se vive en la AUF donde no hay autoridades constituidas debido a que los dirigentes no aprobaron el nuevo estatuto.
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