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La Fiscalía logró aclarar el homicidio de un hombre en el barrio Conciliación que fue asesinado en febrero por negarse a que un grupo de narcos se instalara en un terreno próximo a su casa para vender drogas.
El cuerpo de Brian Pereira fue encontrado por su padre sangrando en el piso el 3 de febrero en el cruce de Blanca Luz Brum y Mercedes Pinto. Tenía seis impactos de bala.
Tres meses después de aquel incidente, el fiscal Juan Gómez y su equipo lograron llevar el caso ante la jueza Patricia Rodríguez, quien aceptó la solicitud de formalización contra tres sujetos por este crimen.
Gómez explicó en la audiencia que los tres imputados, traficantes de pasta base, intentaban instalar su negocio en el barrio y eligieron un terreno próximo a la residencia de la víctima.
Pereira se opuso a que instalaran allí una boca de venta de drogas y trató de impedirlo, lo que enfureció a sus enemigos.
En los últimos días de enero, los tres victimarios llegaron hasta el domicilio de Brian con un arma de fuego para saldar cuentas. La víctima no estaba en la casa. En el domicilio solo se encontraba su esposa y sus tres hijos.
Luego de ese momento, Brian habló con uno de los tres sujetos tratando de solucionar las diferencias.
Sin embargo, el 3 de febrero, Brian apareció caminando en las inmediaciones donde se encontraban los tres agresores, y sin mediar palabra, uno de ellos extrajo un arma y le efectuó tres disparos a quemarropa. La víctima cayó fulminada en el piso. Uno de los narcos tiró varias dosis de pasta base alrededor de su cuerpo.
Los asesinos huyeron, pero tuvieron que regresar porque se les había caído una llave en la escena del crimen. El autor de los disparos volvió a tomar el arma en ese lugar y efectuó otros tres disparos sobre el cadáver de Pereira, según relató el fiscal en la audiencia.
Como evidencia, Gómez presentó cuatro testimonios recabados y el relato clave de un testigo protegido. Los imputados a su vez fueron reconocidos en un relevamiento fotográfico y se aportó prueba de Policía Científica.
La jueza dispuso prisión preventiva por 120 días a la espera del juicio oral. La defensa solicitó que cumplieran prisión en Cárcel Central, porque los imputados están amenazados de muerte por otros reclusos.
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