En el Ministerio del Interior hay una gran preocupación por todo lo que significó la denuncia de un secuestro en el barrio Marconi que terminó siendo falso. Una mujer denunció en la seccional 17 que su hija de seis años había sido raptada cuando salía de una policlínica de la zona y ello desencadenó un importante operativo policial que fue en vano, ya que la niña había sido olvidada en el centro de salud.
Sobre el mediodía fueron cercadas 40 cuadras a la redonda, y se detuvo a todos los autos rojos que coincidían con las características del coche donde, supuestamente, la niña había sido subido a la fuerza, según el relato que brindó la mujer a la Policía. La madre también había aportado detalles del aspecto físico del presunto secuestrador: «40 años, pelado, de cutis blanco», según la información que difundió la cartera.
Incluso fue detenido un hombre con esas características que, una vez conducido a la comisaría, fue liberado cuando un médico del centro de salud a donde había ido la niña informó a las autoridades que la menor estaba allí, jugando en la sala de espera. El médico aseguró a la Policía que «se había enterado por las redes sociales» en donde se daba por hecho un secuestro y que «la foto de la niña no paraba de divulgarse».
Una vez conocida la verdad, interrogada por las autoridades para que diera una explicación de lo sucedido, la mujer cambió la versión de los hechos. Sostuvo que su hija no había sido «arrebatada» como lo había descripto en una primera instancia, sino que, cuando se percató que la menor no estaba a su lado, fue un transeúnte quien le indicó que su hija había abordado un coche obligada por un adulto.
El Ministerio analizará toda la situación y no descarta ninguna hipótesis detrás del episodio. Y, además, en la cartera existe disconformidad con que la Fiscalía no haya actuado de oficio para acusar a la mujer de realizar una denuncia falsa. En la secretaría de Estado se entiende que debería haberse impuesto un castigo ejemplar, y que alguien debería hacerse responsable por lo sucedido, ya que supuso altos costos para la Policía.
El director de la Unidad de Comunicación del Ministerio, Fernando Gil, fue explícito: «No pretendemos que la metan presa, pero creemos que podría desempeñar algún trabajo de tipo comunitario por ejemplo, porque alguien tiene que hacerse responsable de todo esto. De lo contrario –siguió– se da pie para que se genere un efecto de impunidad a la hora de hacer denuncias falsas».
