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«Menudencias» no: el fiscal que según la Policía pidió descartar delitos «menores»
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó al director de la Policía Nacional, Mario Layera, que le envié por escrito un informe explicando un circular de la Jefatura de Policía de Colonia dirigido a los «jefes y/o encargados de seccionales» de ese departamento en el que se instruye sobre algunas disposiciones arbitrarias en el procedimiento penal. Las indicaciones, que según la circular provienen de parte del fiscal letrado de Rosario, Cesare Cingia, se apartan de lo establecido en el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que rige desde este 1º de noviembre.
En el documento, al accedió El Observador, la cabo Mariela Irigoyta redactó 13 puntos acordados con Cingia en una reunión del 31 de octubre, para poner «en práctica» siempre que la Policía departamental dé cuenta de un delito a ese fiscal, tal como lo dispone el nuevo proceso penal acusatorio.
Uno de los puntos más llamativos señala que «en referencia a los menores infractores, poniendo como ejemplo hurto de moto, (el fiscal) le restó importancia, manifestando que no iniciaría proceso infraccional por ese hecho». En otro ítem, el texto indica que en la reunión, en la que también participó la fiscal adscripta, Luisa Vago, se acordó que «no se debe realizar apercibimientos de conductas (por la Policía), siendo él (Cingia), el único que lo hará».
Más adelante, se acuerda que todas las denuncias «por difamaciones e insultos mediante las redes sociales, solo se deben cargar en el SGSP», refiriéndose al sistema informático del Ministerio del Interior. Es decir, sin utilizar el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau), donde deben cargarse todos los casos. «No maneja muy bien» ambos software, se excusó el profesional, de acuerdo al texto.
Asimismo, el fiscal prohibió que se revise o cachee a ningún sospechoso a excepción de que se tenga «la seguridad de que entre sus pertenencias o equipamiento lleve algún efecto hurtado». Tampoco podrán los agentes policiales, según expresa orden del fiscal, identificar y conducir a personas a cualquier sede policial, «sin previa anuencia de él».
La sobrecarga de trabajo es el argumento principal que se ofrece para sostener estas indicaciones. Se expresa que el profesional «manifestó» que deberá permanecer durante «26 días a la orden» con cuatro días libres en el mes, «lo cual le ocasionará un gran stres (sic)». Además, se señala que «hasta el mes de enero o febrero no se asignarán otros fiscales». Por ese motivo, de acuerdo a lo indicado en el documento, el fiscal encomendó que durante el turno nocturno no se lo deberá llamar «por hurtos menores, accidentes simples, etc., (pero) sí enterarlo por hechos de violencia doméstica que ameriten actuación penal».
Fuentes de la Fiscalía Nacional de la Nación dijeron a El Observador que todas estas órdenes instruidas a la Policía quedaron sin efecto desde las 21.50 del 1º de noviembre –es decir, que rigieron casi durante 24 horas–, y que el informe de Layera no se espera sino «hasta dentro de varios días».
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