El fiscal de Adolescentes, Enrique Viana, una de las principales voces opositoras a la implementación del Nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que entrará en vigencia el próximo 1º de noviembre, anunció la semana pasada que renunciará a su cargo ese mismo día.
Este jueves, en la antesala de la Cámara de Senadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak; el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el director nacional de la Policía, Mario Layera, presentaron formalmente el CPP, y resaltaron todas las transformaciones que a su entender era imprescindible que se llevaran a cabo. En diálogo con El Observador, Viana refutó punto por punto la conveniencia de esos nuevos cambios.
Inconstitucionalidad
El fiscal de Corte lamentó que el proceso penal uruguayo no haya sufrido «prácticamente ningún cambio» desde que el país conoció la vida independiente en 1830, lo que llevó a reproducir la legislación de la corona española del siglo XIX. En materia penal, dijo, Uruguay pasará de aquel siglo al XXI.
Viana recordó que el proceso actual rige conforme a los artículos 113, 114 y 115 de la Constitución de 1830, y a los 15, 16 y 22 de la Constitución actual. «Entonces, para hacer los cambios que se pretenden, debió haberse hecho una reforma constitucional. ¿Por qué no se hizo? Porque de ese modo se tendría que haber consultado al pueblo, y eso es lo que se quiso evitar», argumentó Viana.
Para el fiscal, también identificado con la causa ambientalista que lo llevó a oponerse a la ley de minería de gran porte, la consulta popular hubiera sido necesaria, ya que «los propios norteamericanos –el nuevo CPP, asegura, se inspira en el que funciona en Estados Unidos– se quejan de su injusticia».
Igualdad de las partes enfrentadas
El próximo CPP se presenta como adversarial, lo que en palabras de Díaz se traduce en que las partes enfrentadas lo harán en «igualdad de condiciones», es decir, con las mismas herramientas. En esto Viana también está en desacuerdo. Cataloga al nuevo código de «clasista», y para ello cita a dos expertos juristas de renombre mundial: al estadounidense John Langbein y al italiano Luigi Ferrajoli.
Ambos, dice Viana, critican «ferozmente» los procesos penales de sus países por operar «a través de pactos que forjan las partes, donde se negocian las declaraciones, las confesiones, las entregas de bienes y los delitos a admitir o imputarse». Y en esa dinámica se imponen las partes que tiene más poder económico, por lo que desaparecería el derecho como un elemento «público y parejo para todos».
«La izquierda de Estados Unidos lo dice así: este sistema de pactos sirve para meter presos a latinos y afrodescendientes. Y la derecha lo ejemplifica con lo que sucede todos los días: por este mecanismo, quien comete una rapiña negocia que se le impute hurto, y así nadie va preso por el delito que cometió», manifestó. Eso se debe a que al nuevo proceso penal se lo conoce como «abreviado», sostiene Viana.
Según el fiscal, «el desequilibrio» también se reflejará entre las partes querellantes, y por tanto se contrapone a lo que se pretende con el nuevo CPP. «Si usted repasa todas las normas que se aprobaron, las posibilidades de la defensa menguaron. Los fiscales serán ahora una suerte de jueces de su propia causa. Y en materia de pericia probatoria este desequilibrio se ve más aún: los peritos van a trabajar para la Fiscalía. Entonces, ¿los defensores van a tener que salir a contratar a sus propios peritos?», cuestionó.
Clarificación de los roles en los juicios
Ahora, afirmaba este jueves el fiscal de Corte Jorge Díaz, los roles estarán bien diferenciados, sobre todo en lo referido a los jueces y fiscales. Los primeros se abocarán a la tarea que por excelencia les compete, juzgar, y los segundos tendrán por función acusar e investigar los hechos. Así, los jueces, desentendidos de todo proceso de investigación, tendrán la imparcialidad necesaria para dictar sus sentencias.
Viana interpreta exactamente lo opuesto porque el que investiga es, justamente, el que acusa: «Yo quiero al viejo juez de instrucción que todavía tenemos que garantiza que la investigación sea imparcial, y ahora el que va a investigar es una agencia política del gobierno, ¡y nadie puede investigarse a sí mismo! Por eso la Constitución de 1830 es sabia y les dio a los jueces el poder de instruir, de investigar».
Participación activa de la víctima
Jorge Díaz dijo que el proceso actual es «injusto» con las víctimas y que luego, cuando se inicia la investigación, es descartada: «Les pedimos que nos presten su cuerpo y nos abran su mente para que los peritos forenses, sean médicos y psiquiatras, las analicen; y luego que las exprimimos, las estrujamos y les sacamos toda la información que necesitamos, les decimos que se vayan a su casa, que no molesten más, que nos dejen en paz». Eso, dijo el fiscal de Corte, cambió para bien, y ahora los afectados por un crimen podrán desde aportar pruebas hasta denegar la decisión del fiscal de que archive su caso.
Pero para Viana no hay cambio positivo. «No se le da a la víctima la posibilidad de sustituir al fiscal y acusar, como sí sucede en Estados Unidos, y eso es porque lo que se está haciendo es una copia mala del original». Y además, se pregunta: «¿Las víctimas van a participar de los pactos?». Sugiere que estos se harán entre los fiscales y los acusados, quienes «firmarán acuerdos bajo presión, desde los barrotes de una comisaría, donde se pactará que si se confiesa tal delito, el sujeto irá al módulo 8 del Comcar o de lo contrario a la cárcel de Punta de Rieles. Es un proceso perverso».
Transparencia
Las audiencias de ahora en más serán orales y públicas, y eso, para la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, significa mayor transparencia para la ciudadanía, que podrá asistir y seguir todos los juicios desde las gradas. Según dijo Jorge Díaz, habrá excepciones, como cuando se trata de delitos sexuales, o cuando las víctimas son menores de edad. Pero las excepciones, para Viana, serán la regla: «Solo el 10% o 20% de los casos tendrán audiencias públicas; será así con algunos delitos de homicidio y poco más». Todo el resto, dijo, se resolverá antes mediante el «perverso» sistema de pactos.
«En Estados Unidos los juicios son públicos en el 5% de los casos; el otro 95% se pacta en las comisarías y las fiscalías». Por esta razón, entiende, «la mafia estará contenta, porque es experta en negociar acuerdos».
Exigencia de mayor capacidad retórica
Tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideran que el hecho de que los juicios sean orales llevará a que fiscales y abogados defensores desarrollen sus virtudes de retórica y exposición de argumentos, lo que elevará la calidad del intercambio y de la resoluciones judiciales. Viana entiende que eso no será así «porque va a ser muy difícil que ambas partes obtengan los elementos probatorios necesarios, y todo documentado. Lo único que va a generar son situaciones de histrionismo de parte de algunos fiscales o abogados».
Disculpas por anticipado
«En nombre del Poder Judicial pido disculpas por anticipado a toda la población de Uruguay por los errores que cualquiera de nosotros va a cometer en los primeros meses de la implementación del nuevo CPP». Eso dijo Jorge Chediak el jueves, al admitir la falta de preparación de los operadores judiciales ante el cambio de normativa que se hará efectiva la próxima semana.
«Van a causar daño. Los propios jueces y fiscales van a cometer inmoralidades y arbitrariedades. ¿Por qué, si no, salieron corriendo magistrados y fiscales a contratar seguros? Saben que van a equivocarse y que van a tener que pagar de sus bolsillos», aseguró.
