El Tribunal de Apelaciones de Trabajo ratificó una condena que obliga a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a pagarle $ 342.074 a una funcionaria que trabajó en régimen de Comisión de Apoyo en un CTI del organismo público.
Esto ocurrió luego que la Justicia, desestimara la apelación presentada por abogados de la institución de salud, por contener “faltas garrafales de ortografía”. Según indica la resolución publicada por el diario El Observador, en las 11 páginas del texto se hallaron más de 100 faltas, entre ellas: quizo, estubiera, extructura, desarroyo, espresa, digimos y haya.
«El escrito de apelación presentado en autos resulta absolutamente inentendible, plagado de faltas de ortografía garrafales, errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas, con un lenguaje inapropiado», indica la resolución del Tribunal publicada por el matutino.
Esto molestó a los cuatro jueces del Tribunal, quienes consideraron también que el abogado no se ajustó “a la dignidad y respeto que merece la Justicia”, presentando este escrito.
«Las faltas de ortografía, los errores de sintaxis, el exceso en la utilización de abreviaciones no hacen sino indicar que el apelante incorporó un borrador, que ni siquiera revisó, sometiendo al Tribunal y a su contraparte a un ejercicio de develación de un acertijo supuestamente argumentativo», indicaron los magistrados en la sentencia.
Si bien la Justicia en primera instancia había condenado a ASSE a pagarle a la funcionaria, el organismo intentó revertir esta posición sin éxito.
Tras dejar su cargo, la denunciante manifestó ante el Juzgado Laboral que la Comisión de Apoyo no le pagó la compensación de un 20% por trabajar en CTI, así como tampoco se le abonó el presentismo ni la liquidación correspondiente.
La Comisión de Apoyo es un mecanismo de contratación tercerizado que utiliza ASSE para contratar personal temporalmente y con procesos más rápidos. Aunque este mecanismo, le generó juicios millonarios al organismo por parte de funcionarios que demandan beneficios impagos y reclaman por las diferencias con quienes son contratados directamente por la institución.
