Con el comienzo de este mes nos enteramos de un nuevo atropello contra las libertades individuales de los ciudadanos, publica El Bocón en su nota de hoy.
No nos debe de extrañar, pues para estos aprendices de gobernantes lo político está por encima de lo jurídico. Han batido el récord guiness de leyes declaradas inconstitucionales.
A partir de ahora, toda recarga de combustible que se haga entre las 6 de la mañana y las 22 horas, si es mayor de $800 debe ser efectuada con tarjeta. No soy abogado, pero considero que obligar al ciudadano a utilizar tarjeta de crédito y/o débito en lugar de efectivo es inconstitucional, así como obligarnos a depositar nuestro dinero en los bancos, el cual colocan a intereses desproporcionados, sin pagarnos un peso de interés.
La excusa es que esto mejora la seguridad en los comercios, lo cual es una mentira rotunda, pues todos los días vemos que te matan por $100. Imaginen que en ese horario recargan combustible 50 vehículos, multiplicado por $800 es equivalente a $40.000. Más que suficiente para que te peguen un tiro.
Si aplicamos el criterio de la seguridad, mañana el gobierno va a obligar a todos que pongan rejas y alarma con respuesta para evitar que te copen tu vivienda. El criterio siempre es el mismo, que el problema lo solucione otro.
El único fin que tiene esto es espiarnos y saber qué hacemos con nuestro dinero. Así como el Ministerio del Interior utiliza El Guardian para espiar nuestras computadoras y nuestros celulares, el Ministerio de Economía usa la ley de inclusión financiera para saber si fuimos al cine, si tomamos cerveza o comimos bizcochos. Menos mal que la izquierda acusa a los Estados Unidos de espiar a sus conciudadanos. Yo me pregunto qué es esto.
Cuando se creó esto, tampoco se tuvo en cuenta que iban a ingresar al sistema financiero miles de personas, con lo cual los cajeros automáticos iban a colapsar. Esto se ve diariamente con largas colas frente a los mismos, pues su número no ha aumentado y siempre y cuando tenga suerte de encontrar efectivo, pues muchas veces están vacíos. El motivo es simple, se reponen menos veces en el día para bajar costos y para depositar más volumen de dinero en muchos hay sólo billetes de $ 2.000 y $ 500.
Es tal la voracidad por recaudar, para tapar los agujeros que dejó el gobierno de Mujica, que ya no saben a quién le pueden meter la mano en el bolsillo. Cada tanto observamos en los noticieros al director de la DGI y viendo los gestos en su cara y sus expresiones, me parece que estamos frente a un depredador y los ciudadanos somos sus víctimas. Para él todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario, todo lo contrario a lo que dice la ley. Deberían enviarlo a realizar un curso de relaciones públicas.
Lamentablemente la mayoría de la gente está tan acostumbrada al acoso del estado que no somos capaces de salir a la calle para reclamar nuestros derechos. Ni decir de los sindicatos, que son todos unos acomodados y cuando hacen un paro, lo hacen de modo de causarle el mínimo problema al gobierno, es una parodia más para los giles.
Ojalá la Suprema Corte de Justicia actúe de oficio y defienda los derechos de los ciudadanos, que estos resentidos y soberbios incompetentes nos quieren arrebatar.
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