Una investigación que se remonta varios meses atrás, permitió desbaratar una red de contrabandistas que desde noviembre cruzaba por el puente San Martín, en medio de la pandemia y con la frontera cerrada.
Las maniobras se cometieron con la complicidad de un funcionario de Prefectura y fiscalía investiga qué pasó con los otros controles del estado dispuestos en la frontera.
Hasta el momento se formalizaron a tres personas con arresto domiciliario, por un delito de contrabando en reiteración real, en concurso formal con un delito de cohecho calificado.
En el marco de la operación en la que intervino la División de Investigaciones de Prefectura (Divin) se realizaron allanamientos en Fray Bentos y Mercedes.
Se detuvo a un funcionario de Prefectura, a un particular radicado en Fray Bentos con otra propiedad en Mercedes y a un uruguayo radicado en Gualeguaychú.
Se incautaron equipos de electrónica, de comunicaciones, repuestos y hasta un escáner valorado en 5 mil dólares.
Dado lo específico de los elementos incautados se presume que se trata de una organización que cruzaba artículos “a demanda” y por esa razón ahora se irá tras los pasos de quienes conectaban con los contrabandistas.
Desde el ministerio de Defensa se informó que lo incautado asciende a 2,200.000 pesos y el valor de los vehículos incautados unos 800 mil pesos.
Definición de Cohecho calificado, lo que vulgarmente se conoce como “coima” está sancionado por la ley 17.060.
“El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años”.
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