La primera advertencia de un parate de la actividad de la Fiscalía la realizó ayer el abogado y catedrático de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, en su cuenta de la red social Twitter. “No podemos detener los servicios estatales por la pandemia. Así como los servicios de salud son hoy esenciales, también lo son la educación, la Justicia, la seguridad social, entre otros. Y para compatibilizarlos con blindar abril necesitamos tener funcionando bien el teletrabajo”, denunció.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se sintió por aludido y respondió a Pereira Campos con otro tuit: “Estamos de acuerdo, Santiago. Pero teletrabajar no es solo mandar los funcionarios a su casa. Requiere invertir en desarrollar sistemas de información, equipamiento, conectividad, sensibilización y capacitación. Sin presupuesto está bravo y no está bueno generalizar”.
Ayer, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, dobló la apuesta. “Los abogados nos quedamos sin trabajo por no tener acceso a las carpetas investigativas. La Fiscalía está prácticamente cerrada”, señaló a El País. Y agregó que ello impide seguir los casos que están en una etapa de investigación.
En la tarde de ayer, Fagúndez recibió planteos de penalistas de todo el país quejándose de la detención de tareas en las fiscalías. Según sostuvo, la situación “es gravísima”, consideró que la Fiscalía de Corte adoptó “medidas exageradas”, como solo atender casos de Flagrancia, realizar audiencias por medidas cautelares que están por finalizar y por las que los imputados quedarían en libertad si no se efectúan, y no recibir denuncias. “No hay posibilidad de agendarse para ver a un fiscal”, explicó.
El lunes 5, el gremio de penalistas del Uruguay solicitó a Díaz una reunión en carácter urgente por la plataforma Zoom, para plantearle la difícil situación que enfrentan por las medidas adoptadas por motivo de la pandemia.
Fagúndez, sin embargo, dijo que no entiende la detención de tareas en la Fiscalía. “La gran mayoría de los fiscales ya se vacunaron dos veces. Tuvieron el privilegio de vacunarse por una petición al Ministerio de Salud Pública”, explicó.
Y agregó que ya que los fiscales tuvieron ese beneficio sobre muchas personas, “parece exagerado” haber “limitado el servicio” de la manera que se hizo.
En su tuit, Díaz dijo que solo podrán ingresar a las fiscalías las personas citadas (indagados, víctimas y testigos), conducidas, sus abogados y el personal policial de custodia”. Y añadió que “se suspende la agenda y la recepción de denuncias en las Fiscalías” .
Aquellos abogados o víctimas que quieran presentar denuncias deberán hacerlo en las comisarías. Díaz insistió en que, en este momento, las fiscalías de turno trabajan en forma presencial solo si es necesario.
Fagúndez replicó afirmando que se supone que los fiscales están trabajando en forma remota. “Si tienen la doble vacuna, ¿cuál es el motivo que no puedan investigar? Pese a estar vacunados igualmente se van a sus casas. Los abogados nos quedamos sin trabajo por no tener acceso a las carpetas de los casos”, insistió.
Y recordó que los abogados de oficio no están vacunados y, sin embargo, están obligados a ir a las fiscalías de Flagrancia si hay detenidos “¿Dónde quedan los principios de igualdad, equilibrio y equidad? Queremos que los fiscales contesten nuestros e-mails y que nos envíen las carpetas a un lugar físico.
El servicio no se puede cerrar”, insistió. Y explicó: “Si esa es la postura, se está frente a un quebrantamiento del Estado de Derecho. Si los servicios de la Fiscalía no funcionan, algún loco puede pedir que no se les pague el sueldo a los fiscales”.
El abogado Juan Fagúndez recordó que hay penalistas que enfrentan situaciones complicadas desde el punto de vista económico desde que comenzaron las restricciones en los juzgados en marzo de 2020.
Y recordó que los abogados no tienen beneficios por trabajar independientes, como exoneraciones tributarias, reducciones de aportes, alquileres de oficinas o en alimentación. “No tenemos ningún privilegio”, expresó.
El lunes 5, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay envió una carta al fiscal de Corte, Jorge Díaz, pidiendo una reunión en carácter urgente a través de la plataforma Zoom. “Venimos a solicitar a la Fiscalía General de la Nación la implementación de manera más amplia de los mecanismos tecnológicos que posibiliten el acceso de los justiciables (víctimas e imputados) y sus defensores, a los Fiscales y Jueces, de manera adecuada en estos tiempos de restricciones sanitarias, para evitar que el respeto de los protocolos sanitarios se convierta en los hechos en una suspensión del funcionamiento del sistema de Justicia”, dice la misiva.
Además, agrega que los penalistas pretenden en la reunión pedir a Díaz que designe a referentes en cada departamento y en las Fiscalías de Montevideo, la implementación de audiencias por medios informáticos y que nombre a funcionarios para que los abogados puedan hacer un seguimiento de denuncias, entre otros reclamos.
ElPaís
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