El gobierno está más que conforme con la disminución, a nivel nacional, de la prevalencia del tabaquismo. El último informe del mes mayo indicó que el 21,6% de los uruguayos fumaba. Este porcentaje en 2009 superaba el 25%.
“Encuesta tras encuesta, seguimos demostrando que viene bajando”, destacó el jueves ante el Parlamento el ministro de Salud, Jorge Basso. “Particularmente, estamos muy contentos con la disminución de la prevalencia en la población muy joven, porque aspiramos a que las nuevas generaciones sean de no fumadores”, sostuvo.
Eso no quita, dijo, que el Estado evite tener una actitud de ir monitoreando algunos puntos en los cuales debe seguir marcando presencia y control, por ejemplo, sobre el cumplimiento de la prohibición de fumar en lugares cerrados.
Un control que, señaló, es muy básico. “No se requiere a ningún profesional para ver si hay colillas de tabaco en determinados lugares o indicios de que en determinado ambiente se fuma”, sostuvo.
Y, si bien remarcó que este tipo de políticas no se pueden nunca dar por terminadas o ganadas, descartó que se esté pensando en la generación de un cuerpo inspectivo de profesionales para esta tarea.
Pese a las afirmaciones del ministro en cuanto a que no se requiere formación específica para controlar el cumplimiento de la ley, el propio Ministerio invirtió casi US$ 120 mil en la “capacitación” de “inspectores” a cargo de esa misión.
Se trata de ocho ex trabajadores de Philip Morris, despedidos luego que esa firma decidiera abandonar Uruguay en el marco del litigio internacional que mantenía con el Estado por las política antitabaco implementadas desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
La cifra que se pagó por la capacitación de estos trabajadores, nucleados ahora en la “Cooperativa 21 de Octubre”, figura en la respuesta a un pedido de informes efectuado por el diputado nacionalista Martín Lema.
Lema cuestionó que se invirtieran US$ 120 mil si, como dijo el ministro, se trataba de una tarea tan simple, “para la que bastaba un poco de sentido común y un factor presencial”·.
El diputado rechazó además que Salud “tercerice” funciones de fiscalicación en cooperativas, mucho menos cuando están inscriptas en el Mides para un giro ajeno al que están desarrollando.
Basso destacó al respecto la condición de cooperativa de esta empresa y la decisión del gobierno de encomendarle la función.
Según dijo, respondió a una política recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en sentido de que el personal que trabajó en ocupaciones vinculadas al tabaco y que por razones de políticas antitabaco quede fuera del circuito laboral, pueda seguir manteniendo alguna actividad.
“En este caso, estos funcionarios trabajaban en la producción de tabaco, pero ahora están monitoreando que en los establecimientos cerrados no se fume”, concluyó.
