Una escribana del Ministerio del Interior certificó como «fiel reproducción» una serie de impresiones de pantallas de las cuentas de Facebook de tres efectivos de la Guardia Republicana que fueron sumariados por la secretaría de Estado.
Las capturas fueron extraídas de cuentas cerradas sin tener una orden judicial o una investigación administrativa abierta, según los denunciantes una de las fotos fue editada, y –según surge de la investigación judicial– en la certificación no figura la fecha de las publicaciones.
La escribana compareció el viernes 23 en el juzgado penal de la jueza Fanny Canessa como indagada en la causa iniciada por los cabos de la Guardia Republicana Carlos Piedra, Pablo Arce y Gustavo Brites.
«El sumario se inició con la impresión de algunas publicaciones con la intervención notarial de la escribana sin ningún tipo de resolución administrativa, orden judicial, acta de solicitud o requerimiento», señaló la denuncia a la que accedió El Observador.
«La escribana certificaba como fiel reproducción pero no hizo constar de qué fecha eran las publicaciones. Una de las fotos era de hace tres años», explicó a El Observador la abogada de los denunciantes, Ana Fontán.
Ante la Justicia, la escribana dijo que su jefe –asesor del ministro del Interior, Eduardo Bonomi– le entregó un CD con las imágenes que le pidió que imprimiera y ella se encargó de verificar que correspondían a los perfiles de Facebook de los efectivos pero como funcionaria pública y no como escribana. La notaria agregó que los denunciantes tienen un perfil de Facebook «libre» y que su actuación fue en el marco de una «investigación».
«Fueron tantas las inconsistencias que decidimos hacer la denuncia», sostuvo la abogada Ana Fontán
Sin embargo, repreguntada sobre el tema, se retractó. «Yo no dije investigación en el sentido literal (…) no puedo referir porque no era una investigación en el sentido literal, no tengo más nada que decir (…). No hay resolución, yo no la ví», dijo en su declaración en junio de 2016, y agregó que desconocía la «finalidad» con la que se ingresó a las cuentas de Facebook, según surge de las actas judiciales a las que accedió El Observador.
La funcionaria dijo ante el juzgado que su jefe fue quien ingresó a Facebook para buscar esos tres perfiles. Cuando se le preguntó como era posible que su jefe accediera a los perfiles «si eran de acceso privado», respondió: «Yo no sé».
Interrogado su jefe, afirmó que la secretaría del ministro le entregó unas capturas de pantalla «a los efectos de verificar si efectivamente figuraban en la red social». «La variedad de denuncias que llegan de la secretaría del ministro es muy amplia», dijo.
Pero el asunto viene de antes. El 5 de octubre de 2015 los mismos efectivos realizaron una denuncia penal y pública contra el entonces director de la Guardia Republicana, Robert Yroa, por abuso de funciones y persecución. Pocos días después les iniciaron una investigación y a uno le dieron pase a otra dependencia.
A raíz de esas medidas, los efectivos decidieron denunciar su situación ante el Parlamento. El tema estuvo presente en la interpelación a Bonomi por parte del diputado blanco Pablo Abdala el 4 de febrero de 2016.
Fontán explicó que para ellos hubo una «pesquisa» en la interna del ministerio para dar respuestas a la interpelación.
La certificación de las publicaciones fue realizada por la escribana tres días antes de la interpelación. Cuando el ministro compareció ante el Parlamento, utilizó las publicaciones de la red social para desacreditar a los efectivos que presentaron las denuncias.
«Hay un grupo minoritario de funcionarios que resiste a los cambios y que se ha propuesto generar una serie de problemas tendientes a desestabilizar este proceso», dijo Bonomi en la interpelación respecto a los cambios que su cartera estaba desarrollando en la Policía.
«Como forma de manifestarse, entre otras, han elegido las redes sociales. Nosotros vamos a demostrar el uso abusivo, indebido e ilegítimo que algunos funcionarios realizan en las redes sociales, vulnerando la normativa disciplinaria y demostrando una falta absoluta de ética profesional», agregó el ministro en el Parlamento, y mostró las publicaciones realizadas por los efectivos en las redes sociales.
