Gabriel Arrieta, el colono que la semana pasada mantuvo un altercado con el presidente Tabaré Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería, se presentó este lunes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Su intención es que ese organismo tome posición y condene la decisión de Presidencia de colocar, en su página web y a pocas horas del enfrentamiento con el mandatario, un informe en el que se relata que es un «ocupante de tierras» propiedad del Instituto Nacional de Colonización (INC), que nunca pagó el predio que ocupa y que ha sido denunciado por otros productores.
Un hecho que fue considerado por el productor como «calumnias, mentiras y verdades a medias» por parte del gobierno.
En diálogo con ECOS, Arrieta reclamó que la institución emita un fallo en forma acelerada. La urgencia obedece, según explicó, a la catarata de agravios, insultos, ataques y amenazas de orden político que viene recibiendo por distintos medios desde que se enfrentó al presidente.
«No me pienso suicidar ni tampoco piensa hacerlo mi familia», sostuvo. «Pero no quiero terminar como esa persona que denunció al hijo de Tabaré Vázquez», afirmó.
Se refería a Eduardo Gómez Canon, un hombre que en junio de 2009 fue encontrado sin vida en la Playa Brava de Punta del Este.
Se trataba del principal testigo en una causa iniciada por el abogado Washington Abdala sobre presuntas irregularidades en el Fondo Bolívar-Artigas, un convenio comercial entre Uruguay y Venezuela en la que involucraba al hijo del presidente.
«No sé lo que le pasó, lo que sé es que apareció muerto en una playa».
Según afirmó el colono, su esposa atraviesa por una crisis de nervios y está medicada a raíz de las amenazas que contra la familia han llegado en la última semana luego de su enfrentamiento con Vázquez.
Arrieta contó que, dada la mediatización y la trascendencia que su caso cobró, la Institución tiene pensado analizar su denuncia en su próxima reunión. De todas formas, lamentó no haber sido recibido en persona por los directores del organismo.
«Pedí para hablar con ellos pero me dijeron que estaban en una reunión y no me podían atender», relató. Su denuncia fue recibida por parte de una secretaria.
En paralelo, el colono afirmó que tiene pensando avanzar con la demanda formal en la Justicia contra el Estado por el comunicado emitido por Presidencia sobre su persona.
La actitud de Presidencia fue cuestionada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), al entender que la divulgación por parte del gobierno de la información tributaria del colono podría tener «efectos inhibitorios» en la protesta social.
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