Festejos e impunidad

Zubía habla de impunidad. Sus críticos dicen que actúa más como cronista sensacionalista que fiscal. El tema está en vía de judialización.

Al fiscal Gustavo Zubía le llegó un video, donde según él queda en evidencia “la impunidad” de la que “gozan los delincuentes”. De inmediato, tuiteó esos 45 segundos de una grabación casera donde se ven a varios hombres jóvenes empuñando armas de fuego, gritando, bailando al ritmo de un reggaetón que suena fuerte en la noche.

Indignado porque no entiende cómo es posible que “voluntariamente los delincuentes” se graben cometiendo delitos, lo publiquen en las redes sociales y “no pase nada”, el fiscal escribió: “Conocen está realidad… se entiende lo que quiero trasmitir cuando hablo de CULTURA de IMPUNIDAD y lo mal que enfocarnos (sic) el tema…ciegos…”.

El video que muestra a varios hombres jóvenes disparando armas de fuego se filmó en el barrio 40 Semanas, y sus protagonistas pertenecen a “la banda del Tato”, según difundió Telemundo. ECOS consultó al jefe de Información Táctica del Ministerio del Interior (MI), Pablo Lotito, quien se limitó a decir que se tratan de “delincuentes conocidos”.

Cuando el video viral se volvió noticia, según publicó Subrayado y corroboró este portal, la Policía ya estaba investigando el tema desde hacía una semana. Consultado por este portal, Zubía contó que antes de publicarlo en redes llamó a la policía y que está esperando que se judicialice el caso, lo que sucedería este lunes. Según el Departamento de Depuración Priorización y Asignación de Casos Fiscalía, la denuncia del MI aún no ha llegado, en cuanto se ingrese lo tratará Otros Delitos.

El video ya había sido publicado por un edil del Partido de la Gente, Marcos Laens. En Facebook Laens también habló de una “total impunidad” de los “planchas lateros”, y acusó a la Policía de “dormir”. Laens no quiso explicar a qué se refería con “impunidad”. Sí lo hizo Zubía; él sostiene que los “delincuentes” “tienen facilidades para realizar su conducta delictiva” y que las leyes punitivas son “tan benignas” que “propician la cultura de la impunidad”.

Desde que se anunció que el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) entraría en vigencia, Zubía reiteró su posición: considera que la reforma era necesaria, pero piensa que como las penas “son benignas”, el número de presos va a seguir siendo “mínimo”, y que por eso hay que “derogar las leyes que impiden el cumplimiento de las penas”. Aclaró que no le interesa aumentar las penas, ni de tipificar la pena de muerte o cadena perpetua, pero sí quiere que “se cumpla” con ellas; más cárcel. Según él, no se cumple por “el combo” de los “beneficios” que tiene el preso, entre ellos mencionó las salidas transitorias, la redención de la pena por estudio y trabajo, la excarcelación provisional, la libertad anticipada.

Sin embargo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, y diversos organismos nacionales e internacionales, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, han denunciado (también un sinfín de veces) que el índice de prisionalización de Uruguay es altísimo.

En una conferencia de prensa que dio en marzo, Díaz advirtió que por cada 100.000 habitantes, 341 están presos, “el índice más alto de la historia del país y de la región en la actualidad”. Además, agregó que “el 79,5% de los adultos privados de libertad no tiene sentencia de condena ejecutoriada”, índice también récord que “es inconsistente con un Estado de Derecho”.

Sucede que Zubía no cree en esos índices porque, dice, “no se toman en cuenta a los países que tienen pena de muerte o cadena perpetua.”

El sociólogo especialista en criminología Luis Eduardo Morás explicó a ECOS que Zubía se “coloca en el lugar de ciudadano indignado con la inseguridad en vez de en el de un administrador de Justicia. Deja al rojo vivo, como si fuera un cronista policial de un semanario sensacionalista, imágenes de las cosas que se saben que existen, porque por algo son virales”.

Morás entiende que el rol que desempeña “es más político que el propio de un fiscal”. En definitiva, Zubía “asoció la idea de impunidad al nuevo CPP… No es muy feliz esta salida pública porque se genera un estado de alarma pública con cuestiones que son sabidas, y se erosiona la credibilidad en las instituciones para la puesta en práctica del nuevo CPP”.

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