Durante el primer mes de puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, en las cinco fiscalías de Otros Delitos, que se encargan de investigar hurtos, rapiñas y una gran variedad de ilícitos -siempre que no haya personas detenidas- se acumulan unas 5.000 denuncias. De ellas sólo una terminó en juicio y el responsable de un delito de un hurto fue sentenciado a cumplir arresto domiciliario con permiso para salir de su casa para trabajar.
Si bien los titulares de cada una de esas cinco fiscalías que hay en Montevideo dijeron a El Observador tener entre uno y dos casos a punto de formalizar, cada día llegan cientos de nuevas denuncias, lo que ha vuelto inabarcable el trabajo de estos operadores que desde el 1º de noviembre son los encargados de dirigir las investigaciones que realiza la Policía.
La fiscal Gabriela Fossati -quien pudo formalizar el único caso que llegó a la Justicia- dijo a El Observador que con el nuevo Código del Proceso Penal, se agregó una gran cantidad de trabajo administrativo, lo que dificulta la tarea de investigar los casos, y explica la baja resolución de delitos que llegan a esas dependencias.
Según explicó Fossati, en el Código anterior, cuando los jueces eran los responsables de liderar las investigaciones, estos podían pedirle directamente a la Policía que realizara allanamientos o que condujera a declarar a alguna persona, pero desde el 1º de noviembre los fiscales deben reunir evidencias suficientes para luego solicitar esas acciones a un magistrado. Esas solicitudes deben hacerse llenando formularios, que como el sistema informático de la Fiscalía y el del Poder Judicial continúan con problemas de intercomunicación, deben ser presentados personalmente en el Poder Judicial.
Asimismo, como los fiscales no tienen funcionarios para realizar las tareas administrativas, como sí los tenían los jueces, son ellos mismos, o alguno de los dos adscriptos o adjuntos que integran el equipo, quienes deben llenar formularios y caminar las ocho cuadras que separan la Fiscalía General de la Nación (Misiones y Cerrito) de la sede de los juzgados penales en Juan Carlos Gómez y Reconquista.
Fossati, señaló además que, mientras que los jueces tenían personal para recepcionar declaraciones de indagados y víctimas, los fiscales deben realizar esta tarea ellos mismos.
El también fiscal de Otros Delitos, Ricardo Perciballe, dijo a El Observador, que debido a la cantidad de tareas administrativas que debe llevar adelante por cada caso le resultará «muy difícil» atender las 1.000 denuncias que le fueron asignadas. Hasta ahora Perciballe ha solicitado al Poder Judicial la formalización de un caso, y está a la espera de que se fije una fecha para la audiencia, al tiempo que tiene otros en carpeta que espera poder llevar a juicio la próxima semana.
A diferencia de los fiscales de Flagrancia -quienes investigan los casos en los que la Policía detiene a indagados-, los fiscales de Otros Delitos reciben miles de denuncias de crímenes en los que resulta difícil obtener pruebas, ya sea porque la víctima es incapaz de señalar al victimario, porque no hay testigos o porque se trata de delitos que ocurrieron varios meses antes, lo que complica la tarea de recabar testimonios o realizar pericias en una escena del crimen.
Según explicó Fossati, si por ejemplo en un hurto el fiscal de flagrancia no ordenó trabajar a la Policía Científica en la escena del crimen ya no será posible obtener huellas digitales de la escena y se deberá buscar otro tipo de pruebas.
Por ejemplo, el caso que Fossati logró formalizar se trata de un hurto cometido en julio en una vivienda rural de las afueras de Montevideo, pero que recién fue ingresado ahora para su tratamiento penal. Según contó la fiscal, pudo llevar el caso a juicio gracias a que en el momento un equipo de Policía Científica recabó una huella dactilar que quedó marcada en una de las cámaras de seguridad de la vivienda que los delincuentes habían destrozado para evitar ser descubiertos. El sospechoso pudo ser identificado, y debido a que no tenía antecedentes penales, la Fiscalía pidió para él arresto domiciliario en horarios no laborables, lo que implica que puede salir de su hogar solo para ir a trabajar.
Sin embargo, según Perciballe, la gran mayoría de los casos que llegan a Otros Delitos, carecen de prueba o de cualquier posibilidad de señalar responsables, por lo que se sabe que finalmente acabarán siendo archivados.
De hecho, según datos presentados por el Poder Judicial de las 443 audiencias de formalización que se realizaron en todo el país, en 385 (87%) ya había detenidos, mientras que en 58 (13%) no había personas detenidas. En la amplia mayoría fueron delitos flagrantes.
Según dijo el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, incluso en el anterior código la mayoría de los casos que se judicializaban era de personas que eran detenidas cuando cometían un delito «torpemente». En el viejo código la resolución de rapiñas era del entorno del 3%.
Sin embargo, mientras que en los casos donde no hay elementos para continuar la investigación, los jueces simplemente esperaban a que la Policía encontrara algo, y en caso de que eso no ocurriera se desentendían del asunto, ahora los fiscales reciben las denuncias en su sistema informático, y no pueden descartar una investigación si no la archivan, un procedimiento que debe ser justificado.
Durante el primer mes de puesta en marcha del nuevo Código del Proceso las fiscalías de todo el país archivaron 16 investigaciones. Sin embargo, para Perciballe, la mayoría de los 1.000 casos que tiene en bandeja deberán ser archivados, pero no ha podido todavía leerlos todos.
Esta visión es compartida por otros fiscales consultados que pidieron no ser nombrados.
Fossati dijo que los casos que investigan en Otros Delitos podían llevar meses e incluso años en resolverse con el código anterior, pero que ahora, con la mayor cantidad de tareas administrativas necesarias previo al juicio, ese tiempo aumentará.
Mayores exigencias
Además de lidiar con más tareas administrativas, los fiscales aseguran que los jueces se pusieron más exigentes para ordenar un allanamiento, una detención o para intervenir un teléfono, y les piden más pruebas.
«Han cambiado los guarismos de exigencia, para la prisión preventiva y para formalizar, donde hay una cabeza más garantista, aunque quizás con un exceso ya que si falta algo muy básico entonces rechazan», dijo Fossati.
El presidente de la Asociación de Magistrados lo admitió: «Hay más exigencia en cuanto a la calidad de la información que el fiscal debe presentar ante el juez. Antes el juez se habilitaba a sí mismo, lo que implicaba menor exigencia».
