El pasado 9 de octubre, Michelle Suárez pasó a la historia como la primera mujer transexual en asumir una banca en el Senado. Entre aplausos y vitoreos de las gradas y sus propios colegas, Suárez prestó juramento y se sumó formalmente a la bancada del Frente Amplio como suplente del legislador de la 1001, Marcos Carámbula.
Durante años, Suárez adquirió protagonismo como activista en causas de derechos humanos y como abogada asociada a la ONG Ovejas Negras, que brinda apoyo a integrantes del colectivo LGTB.
Sin embargo, su desempeño como abogada, el mismo a partir del cual cosechó los méritos para llegar al Parlamento de la República, la tiene ahora como sospechosa ante la Justicia.
Este miércoles, el programa Santo y Seña de canal 4 emitió un informe recogiendo varios testimonios de acusaciones contra Suárez por mal ejercicio de su profesión. Uno de los casos presentados en el programa está, al mismo tiempo, en la órbita de la Justicia penal y de la Suprema Corte de Justicia.
De hecho, Suárez está citada a declarar ante la corte el próximo 16 de noviembre, luego de que no se presentara a las dos audiencias anteriores.
El caso tiene como centro a un hombre de Atlántida que se separó de su pareja en 2014 y emprendió un juicio de visitas reclamando que la mujer le dejara ver a su hija pequeña.
El 20 de mayo de ese año –20 días antes de presentarse la demanda por visitas–, el hombre supuestamente firmó un consentimiento para iniciar el proceso de pérdida de la patria potestad.
Según la versión del hombre, tanto él como su abogada Silvana Gonda se enteraron de ese juicio un año después, cuando se presentaron a una audiencia en el marco del juicio de visitas. En ese momento, el hombre dijo que nunca firmó documentos relativos a la patria potestad.
Quien allí firmaba como su abogada era Michelle Suárez, que al mismo tiempo era la representante de la mujer en la demanda por las visitas. Es decir, Suárez aparecía representando a ambas partes, según consta en el expediente judicial al que accedió El Observador.
Enterada de la presunta irregularidad, Gonda presentó una acción para anular la pérdida de la patria potestad. El 28 de setiembre de 2015, el juzgado civil de Atlántida emitió su sentencia: no anuló el proceso (porque ya había vencido el plazo de apelación), pero sí abrió otros dos caminos. Por un lado, la revisión del caso civil por parte de la Suprema Corte; por otro, la apertura de una causa en la Justicia penal contra la hoy senadora.
Si bien Suárez aún no fue citada a declarar por la causa penal, sí fue convocada como testigo en el proceso de revisión en la corte.
En ambas ocasiones se ausentó sin presentar justificación. Para las dos causas –la civil y la penal– será determinante la pericia caligráfica, que permitirá saber si hubo o no falsificación de las firmas.
El estudio se debe hacer sobre el documento original, que hasta hace pocos días se encontraba en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el documento se encuentra en manos de la Fiscalía y los ministros de la corte pedirán que el análisis se haga a la brevedad.
Ante la publicación de las denuncias, Suárez declaró al portal Ecos que «esto muestra la impunidad que existe dentro de las redes sociales» y que «hay personas que se ponen a decir un montón de cosas de las cuales no se ofrecen pruebas». «La pregunta que yo me haría es: ¿a qué legislador al asumir su banca, desde 1985 hasta hoy, se le han hecho estas evaluaciones públicas, que parecen más linchamientos públicos, sobre cuál es su trabajo en la esfera privada? Lo único que hay son personas que dan testimonios donde no existe una sola prueba», agregó.
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