La comisión parlamentaria que investiga la financiación de campañas políticas no pudo dar con su paradero para tomar su testimonio.
En la Comisión Investigadora que, en Diputados, indaga sobre las campañas electorales y su vinculación con determinadas empresas, «agradecen cualquier dato» que permita ubicar al ex propietario de Fripur, Alberto Fernández, para convocarlo a prestar su testimonio.
«Nadie sabe dónde vive», remarcó el presidente de la comisión, El nacionalista Alejo Umpiérrez (Todos).
«Cursamos pedidos a todos los organismos públicos y las instituciones bancarias, para ver si pueden aportar algún información», detalló.
El paradero desconocido del empresario puso en un brete el trabajo de la investigadora. Fernández debería responder por uno de los temas que tiene a estudio la comisión, como es la presunta vinculación de su empresa con las campañas políticas del Frente Amplio.
Y su ausencia hizo que el asunto Fripur quedara «cerrado», por lo menos en forma momentánea, hasta que su presencia ante la comisión sea viable. «A cualquiera que nos proporcione su domicilio, le estaremos agradecidos», dijo Umpiérrez.
Al diputado le habían informado que Fernández vivía en un departamento frente al club de Golf de Punta Carretas. «Me dijeron que vivía en una esquina y fui hasta allí» relató, pero sin resultados.
Lo cierto es en la comisión tampoco tenían claro a cual de los Fernández había que convocar, ya que en la última sesión siempre se hizo a referencia a Máximo, el otro de los hermanos que participaba en la sociedad.
Éste murió poco después de la liquidación de Fripur por una enfermedad, y era el que residía frente al Club del Golf.
Le sobrevive , precisamente, su hermano Alberto, que en 2010 apareció vinculado al pago de la banda presidencial que usó José Mujica al asumir como presidente de la República. El exmandatario también utilizó el avión privado del empresario durante la campaña electoral previa.
El asunto que, ante la situación, Umpiérrez convocó a avanzar en la convocatoria de invitados para el resto del abanico de temas para no «trancar» el funcionamiento de la comisión.
Al respecto, su correligionaria Graciela Bianchi se mostró escéptica sobre las chances que Fernández, finalmente, asista. «Se llevó puesto al Estado, hizo lo que quiso con la plata de los uruguayos ¿y va a venir acá?, ironizó. «Quizá tenga algún rapto de honestidad, pero lo dudo», dijo.
A principios de agosto el Directorio de UTE había anunciado ante la propia comisión que había presentado una demanda civil buscando que la Justicia certifique en Kentilux SA, propietaria de un parque eólico en San José, es propiedad de Fernández y por lo tanto integra el mismo grupo económico que la quebrada pesquera.
El presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, había dicho tener la certeza de que eso es así, lo que abriría el camino para que el organismo pueda cobrar una deuda de $ 25 millones que Fripur dejó sin saldar antes de su cierre, en 2015.
UTE había presentado un planteo similar ante el Juzgado que tiene cargo el proceso concursal de Fripur. En ese caso la Justicia rechazó el pedido por una cuestión de plazos.
Antía y Sendic al estrado
Este lunes la Comisión Investigadora proseguirá su trabajo al recibir a las autoridades del Tribunal de Cuentas.
Luego, por orden, el primer convocado para las próximas semanas será el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que deberá responder sobre los vínculos denunciados entre el empresario Francisco Sanabria y la financiación a las campañas políticas en ese departamento.
Le seguirá el ex vicepresidente Raúl Sendic, que será convocado por su decisión como presidente de Ancap de otorgarle la millonaria pauta publicitaria del ente a la agencia La Diez en un polémico y discutido proceso.
Tambien deberán hacerse presentes la jefa de contabillidad económico-financiera de la empresa, Laura Adaime, y el sucesor de Sendic al frente de Ancap, José Coya.
