En las últimas semanas, periodistas y funcionarios se han enfrentado debido al contenido de sus publicaciones y en la mayoría de los casos, existió la presentación de una demanda contra el autor o los medios que representan.
En la lista de demandas que tomaron estado público se incluyen las del expresidente de Ancap José Coya contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Susana Muñiz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).
El monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) registró 16 casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia desde su inicio en 2014.
Casos
También anunciaron su intención de recurrir a la Justicia el exvicepresidente Raúl Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autoría del libro “Sendic. La carrera del hijo pródigo» y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Seña de Canal 4.
El abogado Gonzalo Fernández consideró que su defendido Fernando Calloia se vio afectado por la cobertura del caso Pluna que realizó la prensa, ya que fue “prisionero de la ‘justicia espectáculo’, permanentemente interferida por los medios masivos de comunicación” y atribuyó a estos haber incurrido en un “escándalo periodístico”.
El abogado Oscar Algorta amenazó a radio El Espectador con iniciar acciones legales si no se retiraba de su página web una información vinculada a su carácter de indagado en una causa por lavado de activos.
También el presidente del club Nacional José Luis Rodríguez amenazó con iniciar juicio contra periodistas que informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
En lo que va del año se han sumado varios episodios que representan una amenaza contra los periodistas involucrados y además implican una intimidación indirecta contra el resto de los colegas, según explicó el Presidente de CAinfo, Daniel Lema.
La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios o personas que se sienten afectadas, «suele utilizarse como forma de amedrentar a los periodistas», considera Lema.
Mecanismo
En la última década Uruguay ha sido reconocido por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron a despenalización de los delitos de comunicación, con la aprobación de la Ley Nº 18.515 en julio de 2009.
Existen mecanismos legales, como el capítulo III de la Ley 16.099 en el que se establece el derecho de respuesta y que permiten garantizar que las personas puedan dar su versión de los hechos cuestionados.
Al respecto, el actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, aclaró que ante el temor que puede llegar a generar en algunos periodistas el ser llevados a ámbitos judiciales que en general en “todos los conflictos entre la libertad de expresión y el honor de funcionarios o personas públicas salen de los juzgados penales, salvo que un profesional publique una información» sabiendo que es falsa o incluya «detalles de la vida privada de una persona pública” cuando no exista interés para hacerlo.
“En la mayoría de los casos, las informaciones de interés público, publicadas con la correspondiente verificación, no generan responsabilidad penal del periodista”, señaló Lanza.
Por esa razón, mediante un comunicado que circuló hace algunas semanas, CAinfo instó a los funcionarios públicos a evitar medidas que impliquen un hostigamiento a través de la Justicia penal de los periodistas.
Consultado sobre otros episodios que amenacen la libertad de expresión, más allá de las instancias judiciales, Lema se refirió a un hecho aislado que experimentó una periodista de la revista Caras y Caretas del que aún no se sabe qué motivación hubo y si es que estuvo vinculado a su actividad periodística.
Con respecto a la tarea profesional, Lema considera que la herramienta judicial es utilizada como una forma de amedrentar a quien la cumple.
Ante ello dijo que es necesario que «los periodistas hagan públicos estos casos en lugar de guardárselos. Denunciar la situación y no acudir solo a un juzgado».
