El Frente Amplio lanzará una ofensiva para evitar que se recolecten las firmas necesarias para plebiscitar la ley de Inclusión Financiera aprobada en abril del 2014.
La norma —que establece el pago de salarios por vía electrónica y dispone descuentos de IVA para quien abone sus compras con tarjetas de débito— es objetada por cámaras empresariales del interior del país que se quejan de los altos aranceles cobrados por el uso de las tarjetas de débito y crédito. Hay dos campañas diferentes en marcha para recolectar 260.000 firmas para habilitar un plebiscito que se votaría en 2019 junto a las elecciones presidenciales.
Los senadores nacionalistas Luis Lacalle Pou (Todos) y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) apoyan la iniciativa para bloquear algunos artículos de la ley que es hoy uno de los ejes de la política económica que lidera el ministro Danilo Astori.
«Al proceso de inclusión financiera lo considero absolutamente fundamental por razones económicas, financieras, políticas y sociales (…) La gente se va a ir enamorando cuando vea todas las ventajas que esto significa. Ahora puede tener su cuenta bancaria y acceder a los beneficios tributarios», aseguró Astori el 8 de julio en una entrevista con Telemundo.
En medio del debate instalado sobre la obligatoriedad de la inclusión financiera, la bancada del Frente Amplio resolvió que no esperará en silencio hasta que se obtengan las firmas para la consulta popular. El tema está en la lista de prioridades de los próximos meses.
El coordinador del Frente Amplio en Diputados Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), dijo a El País que «se saldrá a defender la ley en todos los lugares del territorio nacional donde sea necesario». El objetivo es uno solo: tratar de evitar la consulta popular. «Vamos a dar batalla para que no haya plebiscito y en conjunto con el Poder Ejecutivo participaremos de un debate para tratar de mejorar la ley», aseguró el legislador.
Además, explicó que la bancada considera que no tiene que haber plebiscito «porque la ley es buena» y «da más libertad y seguridad a los uruguayos».
«Algunos actores están transmitiendo cosas que no son las que la ley dice. Eso que se dice que se obliga a la gente no es así», advirtió. Según explicó, la única obligación es que el sueldo sea depositado en una cuenta bancaria que no tiene costo. «Antes se hacía el depósito sin consultar en qué banco y hoy hay derecho a elegir por dónde cobrar, era mucho menos democrático», afirmó Pozzi.
El legislador opinó que «la gente puede gastar todo lo que quiera en efectivo, porque cada uno elige si compra con tarjeta o no». Además de salir a debatir con la ciudadanía, los legisladores oficialistas trabajarán en breve conjuntamente con el Ejecutivo para analizar qué modificaciones se pueden hacer a la ley de Inclusión Financiera.
«Hay gente de la oposición, con mucho peso político, que ha decidido jugarse a esto y nosotros con argumentos vamos a contrarrestarlo y vamos a llegar a soluciones para que la ley sea mejor de lo que es. Si la oposición decide colaborar nos parece bien, y si elige el camino de confrontar lo haremos sanamente y en paz», subrayó Pozzi.
A su entender, uno de los puntos en los que se podrían introducir modificaciones está vinculado a los aranceles que se cobran a los comercios por el uso de las tarjetas. «Queremos hablar con los comerciantes y tratar de solucionar esto», dijo.
Si se compara con la región, el arancel máximo que se cobra por el uso de las tarjetas de débito se ubica hoy en 2,2%. Está por encima de Chile y Argentina (ambos con 1,5%). Cobran más arancel otros países como Brasil (2,5%), Paraguay (3%), Perú (3,3%) y Colombia (4,2%), según datos divulgados por el gobierno en base a la Cepal. Para fin de año, Uruguay rebajaría al arancel a 1,5%, de acuerdo a un compromiso ya asumido por el gobierno.
Para las tarjetas de crédito el arancel que cobra Uruguay es de 4,5%, siendo menor el que se cobra en Chile (3%), Argentina (3%), Brasil (3,8%) y Perú (4,2). Solo es mayor el arancel cobrado en Paraguay (5%) y Colombia (6,2%), según datos de Economía en base a la Cepal.
Recientemente, el senador Leonardo De León (Lista 711) presentó un proyecto de ley para bajar el costo de los aranceles de las tarjetas, pero encontró resistencias de parte del Ministerio de Economía que hizo fracasar el intento.
Los caminos.
En dos meses, la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (Crece) ya recolectó 80.000 firmas en apoyo del plebiscito. El dato fue aportado a El País por el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereyra. «El ministro dijo que quería dialogar con nosotros, terminó la semana y eso no se ha producido», señaló.
«Lo que proponemos es solucionar los aspectos negativos de la inclusión financiera, esto implica que el Estado no pueda obligar al ciudadano. Creemos que el Estado ha ganado en derecho, pero no la población», afirmó Pereyra.
Consultado sobre si hay disposición de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para modificar la ley de Inclusión Financiera contestó que «todo es posible». «A nosotros nos cayó con mucha sorpresa, porque un viernes escuchamos a Astori decir que la inclusión era la bandera de este gobierno y el lunes admite los errores. Para nosotros es mucho más fácil, con aire acondicionado y un café de por medio, hablar sobre una ley y mejorarla que juntar firmas al aire libre», indicó el empresario.
El punto es que «antes eran temas que nos preocupaban y generaban molestia», pero ahora hay responsabilidad por las 80.000 firmas que se recolectaron en acuerdo con otras instituciones. «Ahora tenemos la responsabilidad de no defraudar», explicó Pereyra.
La campaña no es nacional, sino departamental y se hace por medio de «actores sociales». Apoyan esta iniciativa comercial, asociaciones que nuclean a profesionales y políticos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente. Los que consideran que este no es el mejor camino son los senadores Pablo Mieres (Partido Independiente) y Verónica Alonso (Partido Nacional).
En declaraciones a finales de julio, el presidente Tabaré Vázquez consideró que si bien puede haber posiciones legítimas detrás de la consulta popular, «puede ser que haya una intencionalidad de algunos actores a los que no les sirve un contralor estricto del cumplimiento que todos los ciudadanos tenemos en cuanto a pagar las obligaciones impositivas».
Además de la iniciativa de las cámaras empresariales del interior, otra opción para plebiscitar la ley es promovida por el abogado Gustavo Salle. La misma supone la modificación del artículo 52 de la Constitución, al que se quiere agregar la prohibición de la «bancarización obligatoria».
CLAVES DE LA BANCARIZACIÓN.
Cobros obligatorios.
Sueldos de trabajadores, pasividades y beneficios de prestaciones sociales. También deben pagarse por medio electrónico los honorarios por servicios profesionales que no sean en relación de dependencia que superen hoy los $ 7.000.
Excepciones.
Trabajadores rurales, residentes de localidades de menos de 2.000 habitantes y empleados del servicio doméstico no están obligados a cobrar en cajeros o redes de cobranza. Tampoco lo están los jubilados y pensionistas que hayan concretado el trámite antes del 1° de noviembre de 2015.
Cobertura.
El gobierno promueve la instalación de puntos de extracción de efectivo y pago de facturas en 95 localidades de más de 500 habitantes que no cuentan con estos servicios.
Objetivos.
El pago de salarios por medios electrónicos es una herramienta para mejorar la formalización del mercado de trabajo y asegura al empleado su derecho a acceder a cuentas e instrumentos de dinero gratuito electrónico con sus respectivos servicios asociados.
Beneficios.
Las cuentas sueldo no tienen costo para el trabajador, así como tampoco exigencias de saldos mínimos o promedios mensuales. Además, con las tarjetas de débito puede pagar directamente en comercios (sin costo asociado), accediendo a la rebaja de 4 puntos de IVA (o de 2 puntos para compras que superen los $ 14.000). El titular de la tarjeta puede realizar sin costo al menos 5 extracciones de efectivo y 8 transferencias de hasta $ 7.000 por mes. La Ley de inclusión Financiera también permite a los trabajadores acceder al Crédito de Nómina con tasas de interés mucho más bajas que las de los créditos al consumo. Este se descuenta mensualmente directo del sueldo, en cuotas que no exceden el 20% del mismo.
Comercios.
Las tiendas no están obligadas a aceptar medios de pago electrónico. En caso de hacerlo, no pueden fijar mínimos para el pago con tarjeta de débito ni ofrecer descuentos al pago en efectivo que no se trasladen también a dichos instrumentos. Para que estos comercios no se vean perjudicados se estableció un conjunto de medidas que incluye la reducción de aranceles y plazos de pago, la posibilidad de que trabaje solo con tarjeta de débito, un subsidio al arrendamiento del POS y la reducción de retenciones (en el caso de los comercios más pequeños estas últimas se eliminaron).
EL DIPUTADO MUJICA CONSIDERA “LLAMATIVA” LA FALTA DE RESPUESTAS. Piden informe sobre empresas que ofrecen POS.
El diputado disidente Gonzalo Mujica se queja por la falta de respuestas del Ministerio de Economía a un pedido de informes que realizó el pasado 30 de junio sobre la aplicación de la inclusión financiera, un tema que está en debate por la iniciativa de las cámaras empresariales de plebiscitarlo. El legislador quiere saber el listado de las empresas que suministran las terminales de pago con tarjetas (POS) a los comercios y quiénes son los socios y directores de cada una de ellas. Además reclama conocer cuál es el importe de la renuncia fiscal que hace el Estado por empresa para poner en funcionamiento las terminales.
A su vez, pretende que se le informe la cantidad de POS que se han instalado en los últimos tres años y los que se proyectan para 2017, 2018 y 2019. El diputado dijo a El País que si bien tiene «la esperanza» de que sea respondido el pedido de informes, entiende que «sería altamente llamativo» e «incomprensible» que no se conteste cuando los datos «están en manos «del Ministerio de Economía y el Banco Central.
Consultado acerca de si está de acuerdo con el plebiscito de la Ley Inclusión Financiera, Mujica aseguró que «la gente que ya tiene cuenta bancaria no la va a dejar porque tiene beneficios». De todos modos, opinó que «es razonable hacer optativa la posibilidad de la bancarización obligatoria a medida que se desarrolle el sistema».
Mujica dijo no estar convencido de que el camino para solucionar los problemas de la inclusión financiera sea la convocatoria de un plebiscito como proponen las cámaras empresariales. «Me parece que el tema puede ir por otro lado y mi posición es que la ley de inclusión financiera vaya siendo modificada a medida que se desarrolla el sistema», concluyó.
