El gobierno y su «narco legal» podría dar marcha atrás, a pesar de las amenazas.

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Por primera vez el expresidente José Mujica ha admitido públicamente la posibilidad de que su legalización de la marihuana sea derogada, única forma de zafar de un experimento fracasado. Al bajar de decibeles su amenaza de trancar el Parlamento si el gobierno no le soluciona la venta en farmacias, señaló que defenderá la ley si va al Parlamento un proyecto de derogación pero que acatará ese curso si fuera aprobado.

Su nueva posición fortalece las muchas razones que concurren contra el libre consumo de la droga. La principal, soslayada desde que se pergeñó el proyecto hace cinco años, es el riesgo sanitario por expansión del consumo de un estupefaciente de probados efectos perniciosos. La persistencia imbatida del uso de marihuana, la pasta base y otras drogas que ingresan de contrabando confirman el error de la presunción de Mujica de que la legalización combatiría eficazmente al narcotráfico y reduciría la drogadicción.

Se agregan el muro sin salida de la venta en farmacias y la creciente oposición popular, que ha aumentado al 70% según una reciente encuesta de la consultora Cifra. Bajo normas legales que penan el tráfico de estupefacientes en numerosos países, los bancos privados y el estatal República están cerrando las cuentas de las pocas farmacias que aceptaron vender la droga, así como de otras firmas involucradas en el proceso. Los privados actúan por orden de sus casas matrices y el BROU, para no perder negocios con sus corresponsales en el exterior. Algunas farmacias ya quieren dar marcha atrás para mantener cuentas bancarias, que son indispensables para su funcionamiento.

La opción de abrir cuentas en cooperativas de créditos o en las redes de pago no ha resultado viable. Estas instituciones operan a su vez con el sistema bancario, por lo que, si aceptaran cuentas de farmacias que expenden marihuana, también quedarían expuestas a la restricción resuelta por todos los bancos de plaza. El insalvable obstáculo bancario le fue advertido a tiempo a los promotores de la ley, hasta por el presidente del Banco Central, Mario Bergara, pero igual siguieron adelante sin medir las consecuencias.

El comercio en las farmacias, de todos modos, es comparativamente menor por su escaso volumen financiero. Más importante es la producción de marihuana medicinal, a estudio de las autoridades de Salud Pública y cuyo uso se está generalizando en el mundo entero por su eficacia contra algunas enfermedades. Las empresas autorizadas a producir cannabis hicieron cuantiosas inversiones con el fin de exportarla en su forma medicinal, fuente eventual de ingresos muy superior al de la venta de la droga recreativa en el medio local. Trascendió que estas firmas ya están evaluando con sus abogados iniciarle juicios al Estado si se les complica ese aspecto de un negocio en el que invirtieron decenas de millones de dólares.

Ante esta situación no queda otro curso que llevar adelante la derogación de la venta de cannabis con usos recreativos, no solo en farmacias sino también en las otras dos áreas de libre consumo autorizadas, los cultivadores hogareños –imposibles de controlar– y los clubes de fumadores. Al mismo tiempo corresponde organizar la producción de la droga con fines estrictamente medicinales, que mucha gente trae del exterior y que algunos médicos ya utilizan con sus pacientes. Y obviamente mejorar los controles del floreciente tráfico clandestino.

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