El Ministerio del Interior presentó este miércoles una denuncia penal contra el dueño de la pizzería donde el lunes de madrugada un rapiñero abatió a un policía que trabajaba como seguridad privada, algo que los funcionarios policiales no tienen permitido hacer. El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo en conferencia de prensa que la denuncia fue radicada en el Juzgado Penal de 12º Turno con el fin de que se investigara la presunta responsabilidad penal de los dueños.
«El servicio 223 es ilegal. Cada vez de que nos enteremos que hay un servicio 223 lo vamos a denunciar penalmente. Está prohibido por ley», dijo a la prensa.
Vázquez se reunió con representantes del PIT-CNT y del Sindicato de la Policía para «informar a cuáles son los derechos que tiene la familia del policía abatido». Según dijo, en la reunión transmitió «la voluntad de solucionar problemas vinculados al trabajo y la vivienda» de la esposa de Wilson Coronel, el cabo asesinado. A la reunión asistió, entre otros, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
«La viuda del trabajador va a cobrar una pensión aproximada de $ 28 mil nominales y este es un anuncio importante», dijo Pereira.
