La jueza Graciela Eustachio procesó con prisión al gestor Milton Díaz, por incurrir en estafas a empresarios constructores en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Díaz es un exmilitante de izquierda, según declaró en la sede penal el excoordinador de la central obrera, Juan Castillo, hoy director Nacional de Trabajo.
La jueza dispuso la prisión domiciliaria del imputado por ser mayor de 70 años.
En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso El País, la magistrada concluyó que «resulta probado» en la investigación judicial que Díaz y otras personas, mediante distintas estratagemas, «indujeron a error» a varias empresas para obtener dinero de estas, el que «obviamente no fue destinado» para lo que se había acordado y «tampoco fue devuelto».
Eustachio consideró que es evidente que ese dinero fue gastado por Díaz en su provecho o de un tercero.
Díaz se presentó ante las empresas denunciantes como representante o nexo del Pit-Cnt, cuando en realidad no tenía tal calidad, conjuntamente con R.CH.M. —hoy fallecido— que lo hacía en representación de Vivamax, y trataban de asegurar el interés de las firmas constructoras invocando y exhibiendo los contratos suscritos entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Pit-Cnt, representado por Castillo y el coordinador de la central obrera, Marcelo Abdala, y entre Vivamax y la central, representada por el denunciado Eduardo Burgos.
El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso de Abdala. A su frente designó a su mano derecha, Eduardo Burgos (también metalúrgico) y otros dirigentes comunistas.
Mostrando los contratos, los gestores engañaron a los damnificados en cuanto a la seriedad del negocio que le planteaban para que estos procedieran a contratar con Vivamax y les pedían anticipos de dineros por sumas elevadas, que los usaban en su provecho. Eustachio precisó que el Pit-Cnt «no estaba en condiciones de suscribir contrato alguno» con el BHU ni con Vivamax porque carece de personería jurídica. «Además, el contrato con Vivamax suscrito por Burgos, en representación del Pit-Cnt, no fue sometido a la previa consideración y aprobación de la central. Todo ello, corresponde que sea tenido presente en el contexto general de la operativa desarrollada por Díaz y otros indagados» durante la investigación judicial, señala la jueza.
Eustachio discrepó con el pedido del fiscal Carlos Reyes, que requirió el procesamiento con prisión de Díaz por apropiación indebida.
Los dos gestores ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas (8.000 en el caso de Caritech; 1.000 a la denunciante Susana Nicoliella; 2.000 viviendas a Internacional de Construcción Arined y 1.000 a Betilur).
Las empresas denunciantes entregaron diferentes sumas de dinero (en efectivo o cheques) a ambos gestores «no cumpliendo estos con lo convenido» porque no compraron terrenos y, por ende, no se gastó en la nivelación de los mismos y no se consiguió el Documento de Aptitud Técnica (DAT).
Esos elementos, advierte la jueza, eran necesarios para que las empresas denunciantes pudieran comenzar la construcción de las viviendas.
Davanal entregó cheques a los gestores por US$ 300.000; Internacional de Construcción Arined dio US$ 150.000; Caritech, US$ 93.685 y Betilur proporcionó cheques por US$ 84.681. Es decir, las sumas recibidas por los dos gestores totalizan más de US$ 627.000. Eustachio con- cluye: «Como el indagado y R.CH.M. no usaron el dinero para lo que se había acordado, nunca se construyó vivienda alguna y las empresas se vieron perjudicadas, no solo por las sumas entregadas a Díaz y a R.CH.M., sino también por gastos efectuados por algunas empresas para implementar las futuras construcciones».
Denuncia contra Polgar y Castillo
La jueza penal Graciela Eustachio decidió pasar a vista del fiscal Carlos Reyes una denuncia penal contra el actual presidente del Banco República Jorge Polgar (expresidente del Banco Hipotecario), el director nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo Juan Castillo, y el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
«El procesamiento con prisión de Milton Díaz por estafas determinará que la investigación se abra hacia otras personas. La indagatoria sobre irregularidades en el Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt continuará», dijo el profesional a El País.
Salle presentó la denuncia en representación de una empresa española Internacional de Construcción Arinet, que aduce haber sido estafada cuando decidió participar del plan de vivienda sindical del Pit-Cnt.
La primera denuncia sobre supuestas irregularidades en el Plan de Viviendas Sindical fue la de la empresaria de Rocha Susana Nicodella (que también accionó ante la Justicia Civil y reclama 2.850.000 dólares) y se unificó con otra presentada en junio del 2013 por la empresa Walltech, propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo. En 2013 se elevó a la Justicia una tercera denuncia penal por parte de un empresario del interior que reclama cheques entregados a los gestores. Asimismo, también por las viviendas sindicales hubo en 2013 una demanda civil contra uno de los gestores por US$ 6.800.000 y que se saldó mediante un acuerdo extrajudicial.
