El Ministerio del Interior ultima los detalles para que pronto esté bloqueada la señal de celulares en parte de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), según anunciaron a El Observador fuentes de la cartera. Esa tecnología ya funciona en el penal de Libertad. La medida fue tomada en 2012 y el proveedor fue una empresa de origen belga. La misma compañía será la encargada de extender la medida a Santiago Vázquez, agregaron las fuentes.
De todos modos, aún no está clara la fecha en la que quedará efectiva, ya que ese centro penitenciario está siendo objeto de reformas y reestructuras. Los inhibidores de señal de celular buscan, entre otras cosas, evitar que desde su reclusión los jefes de las bandas puedan dar órdenes y manejar organizaciones delictivas. Avanzar en ese sentido era uno de los principales reclamos de la oposición.
Álvaro Garcé, asesor del Partido Nacional en materia de seguridad pública, fue enfático en ese sentido. Consultado por El Observador, Garcé dijo que en su rol de comisionado parlamentario para el sistema carcelario aplaudió la medida adoptada en 2012 para Libertad.
En ese entonces, Uruguay era uno de los primeros países de la región en tomar una resolución que, a juicio de Garcé, ha demostrado muy buenos resultados. Sin embargo, en su opinión, luego el gobierno «se quedó».
«No alcanzo a comprender por qué no están bloqueados los celulares salvo en el penal de Libertad. No hay excusas», dijo. «El Estado está dando una ventaja a la criminalidad. Les permite a personas peligrosas comunicarse con el exterior y coordinar operaciones. Hace años que vengo planteando este tema. No ha habido un pronunciamiento del Ministerio del Interior», agregó Garcé. El actual comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el bloqueo en Libertado ha sido eficiente.
A su juicio, está claro que los narcos y los delincuentes de gran peligrosidad no pueden tener celulares. De todos modos, opinó que es un tema para «hilar fino» ya que en algunos casos puede ser positivo que los presos de baja peligrosidad tengan contacto con sus familiares.
