La industria de la pesca comenzó un millonario juicio contra ANCAP en busca de obtener un resarcimiento económico por los daños y perjuicios que, según los empresarios del sector, produjo para ellos la prospección de petróleo en las aguas uruguayas.
Unas 30 empresas, agremiadas en la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay y en la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, iniciaron la demanda a fines del año pasado con el argumento de que gran parte de la caída en la captura registrada en el país tuvo su principal causa en las operaciones destinadas a encontrar crudo. Así lo anunciaron a El Observador representantes de ambas gremiales.
Ante la posibilidad de hallar petróleo en la plataforma marítima uruguaya, ANCAP licitó varios cuadrantes. La oferta contó con un gran interés de parte de las más famosas empresas multinacionales dedicadas al rubro.
Con barcos que cuentan con una tecnología de última generación, esas compañías intentan, a través de cables y sensores, determinar si existe o no petróleo. Esos sucesivos intentos generan una onda que, si bien no mata a los peces, sí ahuyenta a los cardúmenes, de acuerdo a la explicación de los empresarios agremiados. Dicha onda afecta unos 180 kilómetros a la redonda respecto al lugar en el que está operando el barco petrolero. Eso puede interrumpir la migración de los peces y afectar de ese modo su presencia en las aguas uruguayas.
«Desde 2012 se han perdido unos 3.000 puestos de trabajo en la industria pesquera»
A la hora de explicar qué es lo que sucede, las gremiales utilizaron un ejemplo gráfico. Si un disparo de arma de fuego pasa cerca de un árbol repleto de pájaros, a pesar de que ninguno de ellos murió por el impacto, las aves escaparán de allí. Algo similar pasa con los peces y la onda de los barcos petroleros, según los empresarios.
En base a lo que había sucedido en otras partes del mundo, la industria pesquera tenía un fuerte temor de que la búsqueda de petróleo afectara los volúmenes de captura y, en consecuencia, a todo el negocio. Hoy dicen no tener ninguna duda de que eso fue eso lo que sucedió.
«La merma en la captura ronda el 40%», dijo a El Observador Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay. A la hora de realizar una evaluación, ellos toman como referencia el año 2012, cuando aún no habían comenzado las prospecciones. El año siguiente es difícil de tomar en cuenta, debido a que hubo un largo conflicto sindical que afectó a las cifras del sector.
Para el año siguiente, en 2014, las cifras ya mostraban esa caída del 40%. Los años 2015 y 2016, si bien hubo algo de recuperación, no se logró equiparar a 2012. «Nunca se volvió a ese nivel», agregó Riva-Zucchelli.
180 son los kilómetros que afecta la onda que producen los barcos petroleros mientra están operando. A juicio de los empresarios pesqueros uruguayos, eso auyenta a los peces.
Pero dijo que recibieron «evasivas continuas» de parte de la empresa estatal. Contó, por ejemplo, que una carta que presentaron fue contestada un año más tarde. «No quisieron hacerle frente al problema y sí quisieron sacar adelante el proyecto que tenían ellos», sostuvo.
Consultado acerca del monto de resarcimiento económico que reclaman por concepto de daños y perjuicios, Ruiz prefirió no aportar el dato.
Las gremiales pesqueras describen un panorama sombrío para el sector.
El presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay, Ricardo Piñeiro, informó que, de 2012 a la fecha, ya se han perdido tres mil puestos de trabajo. Al mismo tiempo, varias empresas están fundidas.
De acuerdo al diagnostico que realizan las gremiales, los intentos por investigar la existencia de petróleo en las aguas uruguayas afectaron a todas las ramas del sector: la pesca artesanal, los barcos de costa (que pescan corvina y pescadilla) y los llamados barcos de altura, dedicados a la merluza.
Pero la baja captura es tan solo uno de los aspectos que ha puesto en duda la viabilidad del sector. Simultáneamente, hubo otros temas que complicaron los números, dicen. Al mismo tiempo que se produjo una fuerte caída de los mercados mundiales, hubo un mantenimiento de los costos de producción, lo que afectó en forma negativa a la rentabilidad de la industria.
Uruguay vive de espalda al mar».
Aunque la frase por momentos les genera rechazo porque la han escuchado miles de veces sin obtener los resultados esperados, los empresarios de la industria pesquera insisten en que esa es una gran verdad. «Es una triste realidad», dijo al respecto el titular de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.
Riva-Zucchelli se preguntó qué hubiese pasado si las ondas que afectan el mar hubiesen ocurrido en los espacios propensos para la ganadería.
«Si en el campo empezas a tirar bombazos y las vacas se empiezan a morir, y un día de los 12 millones de vacunos que tenemos nos quedamos con 8, esto es una revolución», sostuvo.
Como ejemplo, Ruiz recordó lo intensa que fue la discusión por la minería a cielo abierto, cuando el gobierno estudiaba la propuesta de la empresa Aratirí.
Además de alertar acerca de la situación del sector, la gremial aprovechó para hacer llegar una queja al principal jerarca del Poder Ejecutivo en el rubro: Tabaré Aguerre.
«El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca nunca se presentó frente al sector nuestro. Siempre mandó como representante, que es muy buen representante, al doctor (Daniel) Giraldoni, pero el ministro no estuvo presente en ninguno de los años y lleva dos períodos», dijo Ruiz.
«Seguimos sin ninguna acción en la pesca. Vemos como se destruye la pesca», alertó el empresario.
Piden al gobierno reducir jubilación bonificada
El sector pesquero solicitó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) que reduzca el porcentaje de la jubilación bonificada que desde 2009 se le paga a su personal y si no obtiene una respuesta analizarán tomar medidas, que podrían implicar detener los barcos, justo en el momento en que empieza la zafra pesquera, que comienza en primeros días de junio.
«Vamos a salir a pescar pero estamos a la espera de una respuesta del ministro (Aguerre)», dijo a El Observador Fernando Ruiz, integrante de la Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay.
En 2009 el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto por el cual se reconocía a la hora de su jubilación a cada marinero tres años cada dos trabajados. En 2010 el beneficio se extendió a los maquinistas y a los patrones de pesca (capitanes), con la diferencia que se les computarían cuatro años cada tres.
Para tener derecho a las jubilaciones bonificadas, los trabajadores tienen que tener diez años en la actividad y un mínimo de 150 jornales navegados por año.
El sector pidió volver por los próximos dos años al primer escalón, es decir a lo que pagaron en el año 2009, cuando comenzó a aplicarse la jubilación bonificada.
«Entendemos que es más o menos pagable, y en dos años resolver que vamos a hacer», explicó Juan Riva-Zucchelli, presidente de la cámara. Según el empresario con este régimen en cinco años se les «multiplicó por mil lo que pagamos por aportes patronales». Rivas-Zucchelli afirmó que la idea de la jubilación bonificada «está muy bien» y no se opusieron cuando se planteó.
«Lo que no sabíamos es que íbamos a tener que pagar 27,5% de aporte patronal jubilatorio bonificado arriba del 7,5% normal que pagamos todas las empresas. Eso es impagable», aseguró y agregó que abarca al cien por ciento del personal.
Además, justo este miércoles se venció el plazo de suspensión de este decreto .
«Ni los marineros recibieron su beneficio ni nosotros pagamos. Pero si a partir de mañana no hay una solución vamos a tener que volver a pagarlo y eso es imposible», dijo.
«Solicitamos al ministro de Ganadería una respuesta porque estamos pasando una situación crítica y lamentablemente es ministro de Ganadería, Agricultura y también de Pesca», remarcó Ruiz en alusión a que el gobierno no presta la atención que el sector pesquero se merece.
