Ante el pedido de prisión del fiscal Carlos Reyes para el gestor que ofrecía a empresarios participar del plan Vivienda Sindical, las autoridades del PIT-CNT rápidamente se deslindaron y aseguraron no tener vínculo con el indagado. Sin embargo, para el fiscal, el accionar de este hombre «se vio facilitado por las conexiones que tenía», entre otros, «con personas del PIT-CNT», según surge del dictamen al que accedió El Observador.
El fiscal Reyes señala que el entonces coordinador general del PIT-CNT y actual director de Trabajo, Juan Castillo, dijo en el juzgado que conoció al indagado «por su militancia en la izquierda y que a pedido de éste él lo vinculó con compañeros que trabajaban en esa área (de vivienda) dentro de la central sindical».
Reyes pidió a la jueza Graciela Eustachio el procesamiento con prisión del gestor por un delito continuado de apropiación indebida.
«De todas las actuaciones surgen testimonios de distintos actores (…) que aseveraron que en este proyecto de construcción de viviendas sindicales» el gestor «recibió cheques o dinero en efectivo que utilizó para su provecho», afirmó el fiscal.
Este dinero, subrayó, le fue entregado por distintos actores vinculados al plan «en función de la tarea de ‘gestor’, ‘comisionista’, ‘nexo’, etc; que suponía llevar adelante los proyectos de construcción de viviendas que se encontraba previsto en un acuerdo marco entre el PIT-CNT y el BHU (Banco Hipotecario)».
En el dictamen, Reyes detalló que «su accionar se vio facilitado por las conexiones que tenía el indagado tanto con el (otro gestor que también fue denunciado, hoy fallecido) como con las personas del PIT-CNT». Asimismo, destacó que «no se previó ni existió una supervisión y/o control de esos contratos de obra ni por la central sindical ni por el BHU, pues la construcción de viviendas se realizaba mediante contratos accesorios y a través de un ‘promotor’, ‘comisionista’, ‘constructor’, etc».
El pedido del fiscal recopila fragmentos de declaraciones de los denunciantes y de empresarios, quienes aseguraron haber dado dinero a pedido del indagado en calidad de adelanto o préstamo, sin que luego se concretaran las viviendas ni se les devolviera.
El delito de apropiación indebida castiga con penas de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría a quien se apropie, «convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiada o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o hacer un uso determinado de ella».
El indagado declaró que «nunca recibió cheques y que no era representante del PIT-CNT». Sin embargo, uno de los empresarios afectados, que en 2011 vino de España y se contactó con la comisión de vivienda de la central sindical para invertir en el proyecto, declaró que el gestor le dijo que «por cuestiones de orden interno él funcionaba como nexo del PIT-CNT».
Reyes agregó que este primer pedido de procesamiento es «sin perjuicio de proseguir la indagatoria sobre la responsabilidad que le pueda corresponder a las restantes personas que han sido denunciadas por estos hechos».
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