El gobierno brasileño ordenó el lunes el envío de tropas federales a Vitória, la capital del estado de Espírito Santo, donde se multiplican los saqueos, las agresiones y las muertes violentas desde el inicio de una huelga policial el fin de semana. La decisión atiende a un pedido de las autoridades de ese pequeño Estado de unos 3,6 millones de habitantes, «ante la grave situación para la seguridad pública con la paralización de los policías militares», indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Una portavoz de la gobernación dijo a la AFP que esperaban para esta misma tarde la llegada de «unos 200 hombres de la Fuerza Nacional», procedentes de Brasilia y del vecino Rio de Janeiro.
De acuerdo al Sindicato de Policías Civiles de Espírito Santo, ya hay 62 muertos desde que empezó la protesta el sábado. Las autoridades no han entregado un balance oficial.
Las autoridades de Vitória y de las localidades del conurbano aplazaron el inicio del año lectivo, previsto para este lunes, y ordenaron el cierre provisorio de unidades de atención sanitaria y de los parques públicos. Las actividades continuarán suspendidas el martes.
«Hay una situación de gravedad. Prácticamente no hay policías militares en las calles», declaró el ministro de Defensa, Raul Jungmann, citado por la Agencia Estado.
«La red de educación está desmovilizada, el sistema de transporte con problemas. Hoy mismo debemos estar en las calles de la Gran Vitória cumpliendo la determinación del presidente de la República. Con la máxima velocidad estaremos integrando a todo el efectivo», añadió.
El movimiento social empezó el sábado por la noche, cuando familiares de los policías militares (PM) bloquearon la salida de cuarteles en demanda de mejoras para los agentes, que no tienen derecho a manifestarse.
La falta de patrullas en la ciudad provocó un incremento significativo de asaltos, actos de vandalismo como quema de autobuses y asesinatos, señalaron medios brasileños.
Imágenes difundidas por TV Globo muestran ataques a peatones, saqueos de tiendas y tiroteos en distintas partes de la ciudad.
Las autoridades anunciaron que pondrán empeño en «resolver los crímenes contra la vida y el patrimonio de estos últimos días», sin dar mayores precisiones.
Las autoridades regionales anunciaron además un cambio en la comandancia de la PM y encargaron al nuevo jefe, el coronel Newton Rodrigues, «restablecer el orden y la disciplina y seguir conversando con los policías para garantizar la vigilancia pública».
Los familiares de los policías reclaman reajustes salariales y compensaciones diversas.
Los familiares de los policías militares encabezan la protesta porque los agentes tienen estatus de soldados y el Código Penal Militar brasileño castiga con una condena de hasta dos años de prisión su participación en huelgas o manifestaciones.
El secretario de Seguridad de Espírito Santo, André Garcia, consideró que «no es razonable» exigir aumentos en momentos en que Brasil se halla sumido en una recesión y muchos Estados están al borde de la bancarrota.
El gobierno envió el mes pasado militares para patrullar las calles de Natal, la capital del estado de Rio Grande do Norte (noreste), ante una serie de ataques relacionados con una guerra entre cárteles de la droga que habían dejado 26 muertos, muchos de ellos decapitados, en la cárcel local de Alcaçuz.
