Con retroactividad y mediante una contratación directa, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pagó US$ 1.500.000 a una empresa de seguridad por servicios brindados durante 11 meses. Además, fraccionó el gasto —prohibido por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Por esos motivos, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto.
La empresa, que cumple servicios para dicha cartera desde 2015, se encarga de la seguridad del edificio central del Mides, locales anexos y refugios ubicados en Montevideo.
Una resolución del Tribunal de Cuentas de la República, fechada el 28 de diciembre pasado y revisada en la sesión del organismo del 11 de enero de este año, señala que el plazo de la contratación de la empresa de seguridad —aparece con dos nombres distintos en varias contrataciones del Estado— comenzó a regir a partir del 1° de abril de 2016. Es decir, el Mides ya pagó ese gasto, lo que contraviene disposiciones de la Constitución de la República.
El contrato.
En 2015, el Ministerio de Desarrollo realizó un llamado a empresas de seguridad interesadas en brindar custodias a la sede de la cartera, locales anexos y refugios ubicados en Montevideo.
El 24 de febrero de 2016, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) decidió observar el gasto por considerar que «contravenía» el artículo 48 del Tocaf (detalla las condiciones de un pliego de licitación) y el decreto 131/14 (refiere a que las empresas tienen que probar que pueden cumplir con el llamado).
El 30 de mayo de 2016, el gobierno resolvió adjudicar la licitación a la misma empresa que hoy cumple servicios de seguridad en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y reiteró el gasto por $ 106 millones (unos US$ 3 millones).
El 12 de setiembre de 2016, el Poder Ejecutivo revocó la adjudicación a la empresa de seguridad porque todas las ofertas presentadas en la licitación no alcanzaron el puntaje mínimo requerido en el pliego de condiciones, señala el Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, el 7 de diciembre de 2016, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ordenó la contratación directa de dicha empresa de seguridad alegando la necesidad de fraccionar el gasto para así garantizar la continuidad del servicio. La contratación es por un monto de has-ta $ 48.698.165 (unos US$ 1.500.000), por un plazo de 11 meses a partir del 1° de abril de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017 o hasta la culminación del proceso licitatorio en trámite dice el Mides.
Riesgo.
En 2016, la empresa continuó prestando servicios en el Mides sin licitación.
En abril del 2016, el Ministerio de Desarrollo envió al Tribunal de Cuentas los gastos, por contratación directa, de la empresa de seguridad, por un monto de $ 2.923.628 (unos US$ 100.000) correspondientes al mes de enero de 2016.
Lo mismo ocurrió con fe-brero de 2016: el gasto en se-guridad del Mides fue de $ 2.653.787 (aproximadamente US$ 90.000).
En marzo, el gasto fue de $ 2.862.148 (US$ 98.000).
En sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas insistió sobre que no surgen de los expedientes fundamentos que justifiquen la contratación directa de la empresa (una emergencia) ni justificativos para que el Mides pueda fraccionar dichos gastos en materia de seguridad.
Advertencia.
En una resolución sobre los gastos en seguridad del Ministerio de Desarrollo (Mides), el Tribunal de Cuentas señaló que se han «constatado situaciones similares» (compras directas y fraccionamientos de gastos en 2015 y 2016). El Tribunal de Cuentas advirtió que si reitera el fraccionamiento, podrá suspender dicha facultad al Mides y dar cuenta a la Asamblea General.
Continuas observaciones del Tribunal
Desde los primeros meses de 2015, el Tribunal de Cuentas observa todos los gastos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre servicios de seguridad para su sede central y refugios.
Por custodias brindadas en abril de 2015, la empresa cobró $ 3.256.619 (aproximadamente US$ 110.000).
El Tribunal de Cuentas observó que el monto gastado supera el tope de la Licitación Abreviada ($ 8.758.118) y no se justifica el procedimiento de excepción de compra directa porque no se está frente a una emergencia.
En diferentes resoluciones del Tribunal de Cuentas surge que la misma empresa cobró $ 2.481.765 (unos US$ 85.000) por servicios brindados en enero de 2015.
En julio de 2015, por ejemplo, el mon-to cobrado por la empresa trepó a $ 4.393.918 (unos US$ 151.000).
Varios gastos del Ministerio de Desarrollo Social en seguridad fueron observados por el Tribunal de Cuentas por el mismo motivo: no está justificado el procedimiento de compra directa y las erogaciones ya han sido realizadas.
