El senador frenteamplista Rafael Michelini tomó el teléfono ayer de mañana y llamó al expresidente colorado Julio María Sanguinetti. No es algo común que eso suceda. En esa conversación, Michelini le comentó que plantearía en la Cámara Alta un proyecto elaborado por Sanguinetti para derogar el delito de abuso de funciones.
En 2007, cuando Sanguinetti era senador, presentó esa idea que no tuvo los votos para ser aprobada. En aquel entonces, Michelini fue uno de los principales detractores pero ahora cambió de opinión.
«Lo llamé para decirle que yo estaba equivocado y que él tenía razón», dijo el senador del Frente Liber Seregni (FLS) a El Observador poco después de incluir en el orden del día el texto que de inmediato pasó a la Comisión de Constitución. Sanguinetti dijo a El Observador que tomó la llamada como «un gesto político personal» de Michelini y le agradeció que ahora coincidiera.
En aquellos años, la Justicia había procesado por el delito de abuso de funciones a varios jerarcas colorados y, en menor medida, del Partido Nacional. El Frente Amplio miraba el problema de afuera hasta que llegó al gobierno.
Hoy el debate se reedita y algunos líderes de oposición como los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), entienden que lo mejor es que esa espada permanezca sobre los gobernantes que manejan dineros públicos.
Justicia
¿Es un delito justo o no? En base a esa pregunta comenzará la discusión en el Senado que invitará a expertos en Derecho para que den su opinión. No es la primera vez que se intentará quitar del Código Penal ese artículo que varias veces fue utilizado contra gobernantes.
Pero la discusión para dejar sin efecto el artículo 162 del Código Penal se dará ahora en medio de una investigación judicial sobre eventuales irregularidades en ANCAP, advirtió el senador Bordaberry, quien se opondrá a que desaparezca el delito, según lo adelantó a El Observador.
De ser aprobada la derogación, dijo el líder de Vamos Uruguay, no solo se afectará el caso ANCAP, sino que se beneficiará a Fernando Lorenzo, exministro de Economía en el gobierno de José Mujica, y al extitular del Banco República, Fernando Calloia, que fueron procesados sin prisión por el affaire PLUNA y el aval para el remate de los aviones.
En el período anterior, quien también fue acusado, y estuvo preso, fue el exintendente de Colonia, Walter Zimmer.
Bordaberry entiende que Derogar ese delito «es un pésimo mensaje en momentos en que la corrupción avanza en la región, en Brasil con el Lava Jato y en Argentina con los Kirchner».
«Acá el Frente Amplio propone terminar con un delito que afecta a la administración pública y eso es un error», opinó.
También recordó que hace dos años presentó dos proyectos –que nunca fueron tratados– para tipificar el enriquecimiento ilícito y otro para que no prescriban los delitos de corrupción.
«Con esto el Frente va en sentido contrario», afirmó Bordaberry, quien explicó que el abuso de funciones fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia.
El senador José Amorín Batlle, coordinador de la bancada colorada también recibió el planteo de Michelini, comentó ayer a El Observador que «habiendo personas procesadas, en este caso figuras notorias del Frente Amplio, no parece adecuado plantear el tema».
Su voto será negativo, aunque indicó su disposición a discutir cuando «el camino esté despejado».
Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609) entiende que los delitos penales «deben ser bien específicos» y «no genéricos» como en este caso.
En 2014 –ya con Lorenzo y Calloia procesados– la senadora Lucia Topolansky consideró que el delito debería derogarse sin retroactividad para no beneficiar a nadie y evitar «suspicacias».
Pruebas
«Si en Ancap el juez encuentra delitos, que los pruebe. Lo que no deberíamos tener es un juez que después que no encontró delitos busca procesamientos por una normativa que expresamente dice que es a convicción. Sería mucho mejor, y más claro para todo el sistema político, que si en alguno de los juicios que están en proceso hay procesamientos, que se procese con pruebas», afirmó el legislador del FLS.
Desde el Frente se aclaró a El Observador que el proyecto fue una decisión de la bancada y fue firmado por los legisladores que estaban en sala.
El texto enviado a la comisión de Constitución, lleva la firma de algunos senadores del Frente –no de todos– y de dos senadores del Partido Nacional: Jorge Saravia y Guillermo Besozzi.
En el Partido Nacional el tema aún no fue analizado ni por la bancada ni por el Directorio blanco que tiene previsto abordarlo después de Semana Santa.
Saravia informó ayer a El Observador que lo firmó con Besozzi «para habilitar» la discusión pero su posición es «no derogar el delito» sino «acotarlo» para que quede bien claro en qué casos se puede utilizar.
Saravia dijo que el año pasado recibió la preocupación de la Policía por los efectivos que estaban siendo procesados por abuso de funciones, en circunstancias que no son claras, y que eso genera dudas a la hora de actuar contra la delincuencia.
El senador Lacalle Pou está en contra de derogar el delito de abuso de funciones, dijeron a El Observador allegados al legislador.
El Frente decidió avanzar en el tema sin consultar a Presidencia de la República.
Procesados
Además de Lorenzo, Calloia y Zimmer, fueron procesados el exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos; los exdirectores colorados de OSE, Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni; el ex vicepresidente de OSE, Juan Justo Amaro; el exministro de turismo, Benito Stern, el expresidente del BHU, Salomón Noachas, el exdirector de Aduanas, Pablo Illarietti (luego absuelto) y Ernesto Laguardia, secretario de Sanguinetti.
El exdirector del Banco de Seguros, Julio Grenno y el exasesor presidencial nacionalista Daniel Cambón; Juan Carlos Bengoa, director de Casinos de la intendencia del FA en Montevideo y Orestes González, exdirector de Loterias.
A algunos se les tipificó otros delitos además de abuso de funciones.
El artículo 162 del Código Penal que el Frente Amplio propone derogar, refiere al Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.
«El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 unidades reajustables (hoy $ 9.840) a 3.000 (unos $2.952.000) UR», establece el artículo del Código.
