En lo que va del año se llevan al menos seis feminicidios, ese nombre con que se designa ahora a los homicidios cometidos contra mujeres por su condición de tales. Proporcionalmente, en el mismo período se deben llevar cometidos otros 37 homicidios, pero estos anónimos, sin marchas ni reclamos de justicia.
Las mujeres son un grupo de presión muy fuerte en la sociedad y eso explica en parte esta presencia en los medios de los feminicidios, pero ni eso ni la gravedad de la violencia que se ejerce contra las mujeres pueden responder a una serie de preguntas sobre la que no se visualiza una respuesta creíble.
En 2016 hubo 265 homicidios, 42 contra mujeres y 223 contra hombres. ¿Cuántos de esos 223 fueron masculinicidios? No lo sabremos porque eso no es motivo de análisis ni estudio. Hubo 16 mujeres asesinadas por sus parejas y 40 personas (entre las que hay mujeres y hombres) asesinados en el transcurso de una rapiña.
Pero en estos días se habla de una epidemia de feminicidios cuando en realidad es una modalidad de homicidio varias veces inferior en cantidad a otras modalidades.
No será esta columna la que responda a qué se debe ese cambio en las urgencias. El homicidio contra un familiar ya está tipificado como «especialmente agravado». Si se aprueba el proyecto, cuando un hombre o mujer mate a su pequeño hijo será un homicidio «especialmente agravado» pero si la muerta es una mujer será un «homicidio muy especialmente agravado». ¿Todos iguales ante la ley? Las corporaciones logran que no. Pero además de esa nueva actitud que ha surgido ahora de utilizar el mecanismo de la ley para dar «señales políticas», ¿alguien piensa que porque pase de especialmente agravado a muy especialmente agravado va a cambiar algo en esta situación?
Los militantes «progresistas» que contribuyen en buena medida a darles fuerza a los movimientos sociales que bregan por los derechos de las mujeres, suelen ser contrarios a aumentar las penas de los delitos cuando se analiza la inseguridad en general.
«Nunca ha dado resultados aumentar las penas argumentan», creo que con razón. Pero en algunos casos son los mismos que ahora impulsan la creación de un nuevo delito y un agravamiento de la pena cuando se trate de un femicidio. No será esta columna la que responda a ese doble discurso.
Lo que sí parece un hecho es que el discurso feminista, cargado de ideología sobre las relaciones de poder, no logra explicar ni hacer propuestas efectivas para atender las causas de un fenómeno que se ubica más en el terreno de la pura violencia que en el de la inseguridad pública, ya que en todo caso sería inseguridad privada.
Este discurso se torna simplista cuando ni siquiera intenta analizar cuál es la responsabilidad de la mujer en ese fenómeno, primero como mujer y luego como ser adulto.
Porque, como adultos, las mujeres integran la legión de uruguayos que descargan sus frustraciones y su violencia en los más débiles, que no son las mujeres sino los niños y niñas. La relación causa-efecto de la violencia sobre los niños está más que estudiada. Y en Uruguay más de la mitad de los niños sufren violencia física o psicológica.
¿Cuál es el papel de ese drama sin nombre que luego deriva en estos homicidios con apodo de mujer? El discurso militante no se lo plantea, como no se plantea tantas otras cosas que tienen que ver con los mecanismos de la violencia más allá de las relaciones de género y de los comportamientos emanados de la pura condición humana que nos tienen a todos –a todos– sumidos en una situación de la que no se saldrá con nuevas leyes.
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