La nuevas reglas impositivas que el gobierno fijó para las aplicaciones del transporte implicarán, según la empresa Uber, que para 3.500 de los 5.000 conductores que operan en Montevideo, el negocio deje de ser rentable.
Según una evaluación que realizó la multinacional, solo uno de cada 10 choferes está conectado a la aplicación más de 40 horas semanales y podría enfrentar la carga tributaria. Pero para el resto, dejaría de ser negocio, dijo a El Observador la vocera de Uber Cristina Villareal.
El gobierno definió que las plataformas deberán pagar el Impuesto a la Renta e IVA por los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, no sobre el total del viaje. Además, según informó el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, a El Observador el miércoles 15, los choferes deberán tener una empresa unipersonal.
Según las estimaciones de Uber, esta nueva carga tributaria dejará a los siete de cada 10 choferes que se conectan menos de 20 horas semanales a la plataforma sin este trabajo, ya que en ese regimen horario no les reportaría ganancias.
Por ejemplo, para un conductor que trabaje en el mes 78 horas y obtenga un piso de ingresos de $26.572, luego de restar la comisión que cobra la empresa y los gastos de combustible, le quedarían libres $11.957. Si ese chofer tributa como monotributista, como pretendía Uber, el impuesto sería de $ 1.348, un 11% de los ingresos. En cambio, si lo hace como unipersonal, de ese total deberá descontar $5.830 por IVA y cargas sociales, con lo que su ganacia mensual se reduciría en un 49%.
Además, la empresa sostiene que al encarecerse los costos, la oferta de choferes no será capaz de hacer frente a la demanda de viajes y a través de un ajuste por tarifa dinámica, los precios del servicio se incrementarán. La tarifa base, en tanto, está en discusión.
Por su parte, los conductores que trabajan con las aplicaciones del transporte y que conformaron la Asociación de Choferes Independientes de Aplicaciones (gremial en formación) dijeron que la regularización propuesta por las autoridades es una forma «elegante» del gobierno de sacarlos del mercado.
Según dijo a El Observador Sandra Larraud, que integra esa asociación, los impuestos que pretende cobrar el gobierno harán que el trabajo part-time desaparezca.
Además señaló que la mayor parte de las nuevas exigencias recaen en el bolsillo de los trabajadores, y posiblemente también en el de los usuarios.
Los conductores se ven obligados a abonar un canon a la Intendencia de Montevideo por los kilómetros recorridos; a aportar como pequeñas empresas, a pagar IVA e IRAE, un seguro contra todo riesgo y a renovar el vehículo, costos que hacen inviable esa modalidad de trabajo, sostuvo.
La pelea por el monotributo
El Ministerio de Economía definió que los conductores de aplicaciones deberán pagar como pequeñas empresas como forma de ponerlos en un plano de equidad con los taxistas. Uber asegura sin embargo, que se desconoce la modalidad de negocio que es flexible y trabaja según la demanda del servicio.
Villareal agregó que mientras que por un lado se reconoce esa modalidad de transporte y se realiza una reglamentación específica, por otro, se «pone en peligro el futuro de la economía colaborativa en Uruguay».
El regimen que a juicio de Uber se adapta mejor a su modelo de trabajo es el del monotributo. Algo por lo que continuarán negociando con el gobierno, agregó la vocera.
De todos modos, si bien reconoce la dificultad que tendrán los conductores para enfrentar los costos de funcionamiento, la multinacional no está dispuesta a modificar la comisión que cobra a los choferes por utilizar la plataforma. Según explicaron en la empresa, el 25% es una tasa definida a nivel mundial y que no se cambiará.
Uber tampoco se hará cargo de los costos del canon que los permisarios deben abonar a la intendencia. Ayer la multinacional accedió a registrarse como plataforma en la comuna, pero solo se limitará a retener el dinero por los kilómetros recorridos para volcarlo a la comuna, que es lo que dispone el decreto.
Consultado por El Observador el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo , Pablo Inthamoussu dijo que a partir del 20 de febrero ese monto debe abonarse mediante declaración jurada y que «quién se hace cargo del costo es un problema entre privados»
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