El Banco de Previsión Social (BPS) no suspendió las asignaciones familiares a los niños y adolescentes que desertaron del sistema educativo en 2016, como establece un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez. El organismo no pudo hacerlo puesto que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no envió a tiempo la información sobre los jóvenes que abandonaron sus estudios.
«El corte no se hizo porque la enseñanza no mandó la información. El problema que tiene esto es que el único que puede decir si los jóvenes van a estudiar o no es el gobierno de la Educación. Si ellos no mandan los datos no se puede dar cumplimiento al decreto», señaló a El País el presidente del BPS, Heber Galli.
«Nosotros pedimos la lista de alumnos que no estaban asistiendo, pero no nos la dieron», insistió el jerarca. Galli también explicó que «el grueso de la plata» que se utiliza para pagar las asignaciones familiares no proviene del BPS, sino que «sale de Rentas Generales». Aunque aclaró que «de última no importa por quién están financiadas», y consideró que «como sea lo que hay que hacer es cumplir con el decreto».
La información sobre los alumnos que no van a estudiar sale de los distintos consejos de la Educación (Primaria, Secundaria y UTU), pasa por la Dirección Sectorial de Información para la Gestión y la Comunicación de la ANEP, de allí va al Sistema de Información Integral del Área Social (Siias) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y desde ahí mandan los datos al BPS, que es el encargado de efectuar la quita de la asignación.
El decreto de Vázquez marca dos cortes, uno en julio para los jóvenes que ni siquiera se matricularon, y otro en noviembre para los que se anotaron en alguna institución educativa pero desertaron en el camino o nunca fueron a clase.
En este caso el primer paso se cumplió en tiempo y forma. El jefe del Equipo Técnico de Primaria, Óscar Montañes, señaló a El País que «mensualmente se envió la información al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP».
En tanto, la consejera de Secundaria, Isabel Jaureguy, declaró a El País que «todo lo de los liceos se envió en noviembre del año pasado, que era la fecha prevista».
Pero aunque los datos llegaron a tiempo al Codicen, estos no fueron enviados con celeridad al Siias, y por ende tampoco llegaron al BPS. «Entregamos la información más tarde de la fecha prevista y por eso no les dio el tiempo para hacer el corte», reconoció a El País el director de Información para la Gestión y la Comunicación del Codicen, Juan Miguel Martí.
El funcionario explicó que cuando se debieron pasar los datos, «se estaba trabajando en planes de integración educativa para evitar que el sistema perdiera a más jóvenes». Y agregó: «Por eso se nos complicó un poco y entregamos los datos tarde. Este año vamos a procurar arreglar la situación».
Martí dijo que la lista de alumnos desertores llegó al Siias recién en diciembre, cuando las clases habían terminado y ya no se podía hacer el correspondiente corte.
El director sostuvo también que a partir de 2017 «está previsto un mecanismo totalmente automático para la entrega de estos datos», y aseguró que «esto no va a volver a pasar».
Suspendida.
El plan de cruzamiento de información entre la ANEP, el BPS y el Mides, para cortar las asignaciones a los que no estudian, comenzó a implementarse en 2013. Según sostuvo Galli, «solo en ese año se hicieron los dos cortes, el de julio para no matriculados y el de noviembre para los que abandonaron». En 2014 se hizo solo el primero y en 2015 no se hizo ninguno, debido a que la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se negó advirtiendo que «la educación no es una contrapartida de la asignación». Su pensamiento no coincidió con el del presidente, que decidió fijar por decreto los dos cortes anuales.
El documento firmado por Vázquez, sin embargo, también incluye un reclamo de Arismendi, de que se vaya a la caza de los jóvenes desertores.
El BPS suspendió en el corte del mes de julio del año pasado (que se efectivizó en realidad a partir del mes de septiembre) 15.994 asignaciones familiares. Luego de esto, cumpliendo en este caso con lo que marca el decreto de Vázquez, la ANEP salió en busca de estos jóvenes para intentar reincorporarlos. Según dijo el presidente del Codicen, Wilson Netto, 4.000 niños y adolescentes se reintegraron o se descubrió que se habían pasado a instituciones privadas y por eso no estaban asistiendo a centros públicos.
¿CUÁNTO SE PAGA?
Beneficiarios.
Según los datos del BPS, el Estado otorga 495.000 asignaciones familiares. La mayoría de ellas, 384.000, están comprendidas dentro de la ley N° 18.227, las cuales están condicionadas a que las familias envíen a sus hijos a estudiar y les garanticen los periódicos controles de salud, ya sea con prestadores públicos o privados. Esta es para quienes reciben educación primaria estatal o privada hasta los 14 años; para los que cursan estudios secundarios en institutos estatales o privados habilitados (UTU, liceo), hasta los 18 años; para los que padecen alguna invalidez.
Montos.
El dinero que se cobra depende de los ingresos familiares. Si estos van hasta los $ 26.132, se reciben $ 693; si van hasta $ 43.562, son $ 346. Los topes se mueven en caso de que se tenga más de dos hijos beneficiarios, a razón de 4,651 UR por beneficiario adicional, esto equivale a $ 47.919 para tres hijos, $ 52.275 para cuatro y $ 56.631 para cinco. En estos casos el monto a percibir será el de la segunda franja, $ 346 por mes por beneficiario, según datos actualizados al 1° de enero de 2016.
De baja.
En 2013 se dieron de baja 32.000 asignaciones (el corte se hizo en noviembre). En 2014 fueron 51.000. En 2015 no se hizo el corte. En el primer corte de 2016 el BPS anunció la suspensión de asignaciones para 16.000 jóvenes. Algunas familias, luego de que les fue cortado el beneficio, volvieron a enviar a sus hijos a estudiar.
