El presidente argentino, Mauricio Macri firmó un decreto que modifica la ley migratoria para acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves.
Con ello, podría acelerar los trámites para deportar a 330 uruguayos que cumplen penas de prisión en Argentina, según un informe del sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena.
En las cárceles argentinas hay, además, 1.400 paraguayos, 782 peruanos, 731 bolivianos, y 350 chilenos.
«Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación», se indica en el texto oficial.
La «regulación inmediata» de los cambios será aplicable a aquellos casos en los que extranjeros se encuentren involucrados en hechos delictivos y a quienes hayan entrado de forma clandestina en el país, eludiendo el control migratorio. Así, el Ejecutivo, que tiene en la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales pilares, varía mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la actual ley migratoria para incluir las «causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional».
Para justificar estas modificaciones, se explica que el número de inmigrantes en las prisiones del país se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria y que, en relación a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33% de los presos son extranjeros.
Entre las causas para impedir el ingreso y permanencia de extranjeros se encuentra «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme» en Argentina o el exterior por delitos que según las leyes argentinas merezcan prisión, así como de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas. También haber incurrido «en actos de gobierno o de otro tipo», que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de cualquier acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional. En base a EFE
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