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Junta Departamental aprobó este jueves el decreto que regulará las aplicaciones como Uber o Cabify, creando un registro de empresas y conductores y estableciendo un canon por kilómetro recorrido.
El proyecto dispone la creación de un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisarios (que solo podrán ser personas físicas) y de las plataformas electrónicas. Los permisos se otorgarán por cada vehículo y ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio regulado en el decreto.
En vistas de que «los permisarios están haciendo uso de un bien público como son las vías de circulación», deberán abonar a la Intendencia de Montevideo un canon de $ 1,70 por kilómetro recorrido, desde su inicio hasta la finalización del viaje cualquiera sea su destino dentro o fuera de los límites del departamento de Montevideo. La Intendencia de Montevideo podrá fijar además tarifas máximas, si se detecta que el precio es abusivo, «tal como ya sucede desde hace años con el servicio de remises».
La IM determinará las condiciones que tendrán que cumplir tanto la plataforma como los choferes adheridos a ella para acceder al registro. Además se limitará a uno la cantidad máxima de vehículos que un mismo propietario posea en dicho registro, aunque un mismo coche puede ofrecer el servicio de transporte para más de una plataforma o aplicación.
Esto provocó el enojo y la bronca de taxistas y sindicalistas que habían colmado las barras de la Junta Departamental, en el momento de la votación arrojaron monedas a los ediles y los insultaron.
Ediles del Frente Amplio valoraron reglamentación
Luego de haber aprobado el texto, la bancada de ediles del Frente Amplio emitió un comunicado en el que manifiesta «la convicción de que aprobamos una regulación que posiciona en el centro de nuestras preocupaciones a usuarios y trabajadores del transporte».
Los ediles reivindican además «su apuesta permanente al transporte regulado», asegurando que es «el único que brinda todas las garantías a las vecinas y vecinos de Montevideo y a quienes se movilizan en el departamento».
La declaración de la bancada afirma «la aceptación de esta nueva modalidad privada de transporte oneroso de pasajeros como complementaria y no sustitutiva de otras formas de transporte de interés público». En ese sentido, los ediles entienden que la «economía colaborativa» es aquella «que apunta a maximizar los usos de los recursos , a diferencia de la situación planteada con las plataformas que son objeto de la actual regulación, que además de llevarse una determinada porción de la ganancia, fija las tarifas y las condiciones de pago a los prestadores del servicio».
Asimismo, la bancada manifestó «su enérgico rechazo a la forma en la que han irrumpido ciertas plataformas que intermedian entre usuarios y prestadores de servicios, violentando seguridades jurídicas, leyes laborales y condiciones de seguridad».
Por su parte, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez lamentó que no se aprobara una propuesta alternativa que había presentado y que según él «no limita, no cobra canon y diferencia al chofer de la plataforma».
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