Una paciente del Hospital Pereira Rossell inició un juicio civil por US$ 415.000 contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por una eventual mala praxis luego de un legrado realizado en 2012.
«Si no se hubieran dejado restos, no se hubiera producido la infección y a la postre el vaciamiento del útero de la demandante. Pero, además, faltó una instancia de control posterior a la realización del legrado para constatar la inexistencia de tales restos o al menos una indicación de antibióticos pos legrado en carácter preventivo», sostiene la demanda.
La demandante, de 33 años y tres hijos, se dirigió el 6 de marzo de 2012 al Hospital Pereira Rossell con un embarazo de seis semanas a realizar una consulta con el ginecólogo de turno por pérdidas. Le indican reposo absoluto, le suministran una medicina y se le agenda una ecografía en siete días.
El 12 de marzo, ante una nueva consulta, se le diagnostica aborto espontáneo incompleto. Enfermería del hospital le administra Misoprostol y se solicita ecografía para dentro de los diez días siguientes, o sea para el 22 de marzo de ese año.
Antes de esa fecha, la demandante vuelve a consultar porque continúa con pérdidas. Otra vez se le suministra Misoprostol.
La historia clínica muestra que el 25 de marzo de 2012 la paciente sufrió un aborto espontáneo, pero se indica: «Sin elementos infecciosos». En ese documento no existen datos sobre algún análisis sanguíneo que los descartaran. «Del resumen de la atención médica no surgen indicaciones médicas ni firma o matrícula del médico actuante», sostiene la demanda a la que tuvo acceso El País.
Sin embargo, dos días después, el 27 de marzo, se pide una ecografía urgente a las 12:55 horas que advierte que la paciente tiene una línea anormal en la pared del útero.
El mismo día y ante la persistencia de los síntomas, el médico actuante realizó un legrado «recién» a las 20:10 horas. «Del legrado se obtienen restos ovulares que se envían a anatomía patológica. No se diagnostica tratamiento con antibióticos ni se solicita ecografía posterior para corroborar que no hubieran quedado restos», sostiene la demanda.
A la mañana siguiente —28 de marzo de 2012— se le da el alta médica por un profesional, cuyo nombre no se identifica.
Sin embargo, a la mañana del 29 de marzo, la paciente debe reingresar por un fuerte dolor cólico, fiebre de 39,5° y pérdidas nuevamente. En consecuencia, el médico de turno solicita una ecografía urgente y en las razones del pedido surge: «Valorar infección postlegrado». En las observaciones de la ecografía realizada ese mismo día se señala que «habría irregularidades, probables restos y coágulos».
A la paciente se le realiza varios estudios en el propio hospital. El resumen del traslado y del hemograma realizado marca «una abundancia de leucocitos», lo que podría indicar «una posible infección», expresa la demanda contra ASSE.
Las indicaciones médicas, registradas en la historia clínica, indican que se le administró Unasina (antibiótico) y Ketoprofeno (antifebril) desde el 29 mismo al 31 de marzo. «Los medicamentos se suministraron por vía intravenosa, lo que evidencia que hubo infección», expresa el documento.
El 30 de marzo, la paciente ingresa a sala de internación por emergencia. Los informes médicos, según la demanda, son contradictorios: uno sostiene que la paciente tiene una «mejoría clínica del dolor» y al mismo tiempo otro médico advierte metrorragia (sangrado), temperatura de 38° y náuseas, evidenciando que «no hay mejoría».
El mismo día, una médica decide efectuar una intervención quirúrgica de vaciamiento del útero (histerectomía) de la paciente a las 10:30 horas. Sin embargo, la cirugía se realiza recién el día siguiente.
Tres días más tarde, la paciente ingresa en el Hospital Pasteur donde estuvo internada y el 9 de abril de 2012 se le da el alta médica.
«Como se advierte fácilmente, el legrado evacuador no fue realizado con la diligencia del profesional medio, idóneo y bien informado, pues de haber actuado conforme a este estándar mínimo, nuestra cliente no hubiera desarrollado la infección que derivó en su vaciamiento», sostiene la demanda presentada por el abogado Gustavo Salle en representación de la paciente.
Enseguida agrega: «En definitiva, la infección podría haberse ocasionado como sugiere la última ecografía mencionada realizada el 29 de marzo por una mala praxis al momento de realizar el legrado, ya que como se sostuvo conforme a dicho estudio surge que habría tenido irregularidades individualizados como probables restos y coágulos».
Expresa que esta situación, sumada a la «negligencia» de la institución y sus dependientes en no solicitar una ecografía inmediata posterior al legrado que hubiera advertido estas anomalías, ni haber administrado antibióticos que hubieran prevenido la «sepsis posterior», evidencia «la responsabilidad» en que han incurrido los técnicos y médicos actuantes y, por consiguiente, ASSE y el MSP.
