Un exfuncionario de la Colonia Berro será indemnizado por el INAU en $ 960.000 por daño patrimonial y moral más reajustes, según un fallo de la Justicia de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno fechado el jueves 3.
«Hay suficientes pruebas de que el servicio (INAU) no funcionó o lo hizo con demora e irregularmente, pues quedaron acreditadas las fundadas denuncias del demandante sobre violación a los derechos humanos a través de todo tipo de maltratos respecto de los adolescentes internados. Hubo una velada actuación de la Administración y desprotección del actor», señala en su sentencia el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre.
Tras las denuncias de malos tratos, jerarcas del INAU trasladaron al exfuncionario de la Colonia Berro al ex Batallón N° 9 cuando éste se encontraba vacío de personal y de adolescentes infractores.
Fármacos.
En el año 2012, el entonces educador informó a sus superiores inmediatos sobre la existencia de «trato represivo» y «violencia física» ejercida por los otros educadores hacia los adolescentes. Sostuvo, además, que los menores infractores «eran medicados como forma de control», señala la denuncia del exfuncionario presentada por su abogada, Sandra Giménez.
El 14 de octubre de 2014, la Justicia Penal de Pando procesó a ocho funcionarios de la Colonia Berro por golpizas a los internos. No obstante, el INAU no dispuso la separación del cargo de los mismos y sí destituyó al funcionario —hoy demandante— que cumplió con el deber de denunciar. La demanda contra el INAU, a la que tuvo acceso El País, señala: «La denuncia (contra los educadores) fue ignorada, colocando al denunciante en situación hostil y peligrosa, al ponerse en conocimiento de ello a los denunciados». A los pocos días, «en represalia» por las denuncias, el INAU resolvió rever la situación de los contratos eventuales dentro de los que se encontraba el denunciante, resolviendo prescindir del mismo por «ser conflictivo». Posteriormente, el INAU ratificó a todos los que tenían contratos eventuales, menos el del funcionario demandante. La jerarca que lo evaluó en forma negativa también había sido denunciada por él.
En el juzgado, la abogada del INAU, Mónica Rodríguez negó que dentro del INAU se violaran los derechos humanos de los internos y agregó que el denunciante hizo público los hechos en la prensa sin haberlos antes transmitido a las autoridades.
Miedo.
En su sentencia, el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Carlos Aguirre señala que la testigo Beatriz A. refiere a que había un mal relacionamiento entre el funcionario demandante y un educador conocido como «Popeye» que posteriormente fue procesado por la Justicia Penal.
Un exdirector del Hogar SER de la Colonia Berro testificó que el funcionario demandante era una persona que se ajustaba a las directivas que se le impartían y agregó que ambos estaban preocupados por la eventual pérdida de empleo porque las entonces autoridades del INAU se inclinaban por una «política de mano dura» hacia los internos.
El magistrado advierte, en su fallo, que el exfuncionario sufrió «desprotección» y «un perjuicio» al ser trasladado y luego destituido.
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