El disparo de un adolescente que asesinó el 11 de mayo de 2012 a un trabajador de La Pasiva de 8 de Octubre y Garibaldi marcó a fuego al gobierno de José Mujica y retumbó en el Parlamento, que aprobó en diciembre de ese año el aumento de las penas para los menores de edad, una ley que hoy Unicef pide derogar.
Los informativos de televisión pasaron 102 veces en una semana las imágenes del crimen. Dos días después, legisladores del Frente Amplio participaron por primera vez de una marcha contra la inseguridad. «¡Bonomi, inepto, vos sos culpable de esto!», coreó la mayoría de los manifestantes frente a la Torre Ejecutiva. En medio de la protesta había diputados del MPP, entre ellos, la esposa de Bonomi, Susana Pereyra.
Un mes después, el gobierno anunció una batería de 15 medidas para combatir la inseguridad y promover la convivencia, entre ellas, la regulación del mercado de la marihuana, que dejó en segundo plano otras iniciativas, como el aumento de las penas de los adolescentes.
Ese asunto estaba entonces en el tapete. En abril, un mes antes del crimen, blancos y colorados habían presentado 367 mil firmas para plebiscitar la bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. En un afán por contemplar los reclamos de gran parte de la sociedad de aumentar las penas para los adolescentes, el Frente Amplio aprobó la ley 19.055, que estableció la pena mínima de un año para los autores de delitos graves: homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada y secuestro.
Unicef planteó entonces su discrepancia con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, que finalmente fracasó en las urnas en octubre de 2014. Semanas atrás, el organismo retomó el tema en un seminario internacional sobre derechos de la infancia, seguridad ciudadana y penas no privativas de libertad, que se realizó en Montevideo el 30 y 31 de agosto. Unicef propone ahora una serie de recomendaciones, entre ellas, derogar la ley que aumentó las penas de los adolescentes.
Hay un dato crucial que sustenta esta recomendación: en el último quinquenio, la participación de adolescentes en el total de los homicidios aclarados oscila entre 7% (año 2014) y 15% (2012), según el Ministerio del Interior. Mientras que hay más de 10 mil adultos presos, los adolescentes en centros de reclusión son 500 aproximadamente. Además, unos 230 menores deben cumplir medidas no privativas de libertad.
El organismo internacional también propone derogar las leyes «18.777 y 18.778 que han endurecido el tratamiento penal adolescente en contra de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño».
Alternativas a la prisión
Unicef recomienda además «disminuir la aplicación de la prisión preventiva y privilegiar la aplicación de medidas cautelares en el medio libre y penas no privativas de libertad como principio y no como excepción».
Tanto el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que funcionó desde 2012 hasta este año, como su sucesor, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, han tenido problemas para ejecutar las medidas alternativas a la prisión: la mitad de los sancionados no cumple con la sanción, según cifras oficiales a las que accedió El Observador.
El organismo recomienda concretamente que «promover el control de la ejecución de las penas no privativas por parte de los jueces, fiscales, y defensores para garantizar que se cumpla con la sanción establecida y los derechos de los adolescentes».
Cambio de sistema procesal
El Parlamento aprobó el año pasado un nuevo Código del Proceso Penal que reemplaza el sistema inquisitivo (en el que el juez dirigía la investigación y luego juzgaba) por un acusatorio (en el que el fiscal investiga y el juez juzga), pero esta reforma no alcanza a los procesos del sistema penal juvenil, en los que el juez sigue dirigiendo la investigación y luego juzga.
Sobre ese asunto, Unicef recomendó a Uruguay «adaptar el sistema penal juvenil a un sistema procesal acusatorio de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normativa nacional e internacional de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes».
Unicef propone también «profesionalizar y jerarquizar a los operadores del sistema penal juvenil, especialmente a la defensoría Pública colocándola fuera de la órbita del Poder Judicial, otorgándoles los recursos adecuados para garantizar la aplicación y cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia».
Las recomendaciones de Unicef, a las que accedió El Observador, fueron realizadas por unos 120 «expertos y operadores de los sistemas penales adolescentes de diferentes países de la región, así como por reconocidos expertos internacionales» que participaron del seminario el 30 y 31 de agosto.
A las recomendaciones para Uruguay, se sumaron otras para el continente. La primera es que «los Estados de la región deben reducir los altos índices de privación de libertad adolescente». El organismo explica que «para ello se debe fortalecer la institucionalidad y el desarrollo de sanciones que no impliquen la privación de libertad».
