La apertura del evento estuvo a cargo de la presidenta del Consejo y subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Lourdes Salinas, quien dio paso a una mesa integrada por Luis Mendoza, director del INR, Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Nathalie Stagnari por la subdirección técnica del INR, y Florencia Márquez por SAI – PPL de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El objetivo de la actividad fue dar cuenta sobre la situación actual del uso problemático de drogas en el sistema penitenciario de nuestro país y la intervención técnica en la temática que realizan organizaciones e instituciones en cárceles de todo el país. “Las cárceles libres de droga parecen ser una utopía inalcanzable en la actualidad. La mayor parte de las personas privadas de libertad tiene condiciones preexistentes de vulnerabilidad, desafiliación del sistema educativo, precaria inserción sociolaboral, debilitamiento de los lazos familiares o sociales. Todo lo cual debe alejarnos de la interpretación simplista que atribuye el estado en el que llegan estas personas al hecho de consumir drogas”, señaló Radío.
Por su parte, Mendoza destacó la importancia de trabajar en conjunto con distintas instituciones para generar intervenciones que aborden las adicciones. “Que la privación de libertad, aunque suene paradójico, sea una oportunidad para esa persona de ser tratada porque cuando cae en libertad, en la calle es difícil que esa persona tenga un tratamiento a su adicción. Cuando la Justicia lo formaliza nosotros tenemos que aprovechar esa privación de libertad para trabajar en sus adicciones que
muchas veces viene también, o en la mayoría de las veces, adherido a la salud mental. Es decir: salud mental y droga son dos preocupaciones que tenemos con un gran porcentaje de la población carcelaria que tenemos que trabajar”, dijo.
Como disertantes también participaron el representante residente del PNUD Uruguay, Alfonso Fernández, el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, entre otros. Además, expusieron desde Argentina, Chile y España.
El Consejo de Política Criminal fue creado en julio de 2021 y está integrado por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. El órgano es presidido por el Ministerio del Interior.
Su principal cometido es el diseño, la planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la política criminal y penitenciaria a nivel nacional, coordinando sus actividades con el Comisionado Parlamentario y con el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Fue creado en julio de 2021 y está integrado por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. El órgano es presidido por el Ministerio del Interior.
