A las restricciones mencionadas, se suma la cancelación de los actos de fin de cursos en los centros educativos, precisó el mandatario en la conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva, junto con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini.
También acompañaron al presidente en la conferencia el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario, Rodrigo Ferrés; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; de Defensa Nacional, Javier García; del Interior, Jorge Larrañaga; y de Trabajo, Pablo Mieres. Además, asistieron el subsecretario de Salud Pública, José Satdjian; el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá; el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.
“No queremos ser autocomplacientes con la situación actual. Hay un crecimiento exponencial”, admitió Lacalle Pou. El objetivo de las medidas es frenar el crecimiento de casos, para lo que se apela, una vez más, a la conducta solidaria de la población.
Las disposiciones de carácter obligatorio incluyen la implementación de teletrabajo en oficinas públicas en la medida en que no se comprometa la calidad esencial de los servicios. Otras acciones comprenden el cierre de la actividad deportiva en gimnasios y lugares cerrados, y el cierre de bares y restaurantes a partir de las 00:00 horas, así como sanciones económicas por incumplimiento.
También se estableció el respeto estricto por las medidas vigentes de transporte urbano, suburbano y departamental, y el riguroso control de fiestas autorizadas por el protocolo vigente.
Lacalle Pou señaló que su incumplimiento habilitará una sanción económica de dos unidades reajustables (UR) por persona que permanezca en el local. En caso de tratarse de fiestas no efectuadas según los protocolos, además de las sanciones económicas, se agregarán las denuncias penales correspondientes. Sobre este punto, el mandatario adelantó que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se comunicará con los Gobiernos departamentales y con el Congreso de Intendentes.
En referencia a la educación, dijo que fue descartada la suspensión de clases en primaria, secundaria y UTU, aunque fueron cancelados los actos de fin de cursos.
Respecto a las recomendaciones, Lacalle Pou enumeró que se incentiva el uso voluntario del teletrabajo para las empresas privadas de todo el país y se aconseja mantener las reuniones sociales reducidas, de no más de dos horas de duración, con medidas de distanciamiento, uso de máscara facial y ventilación. Se insiste en evitar todo tipo de aglomeraciones en espacios públicos, “que seguramente esté incidiendo en los contagios”, reconoció.
En caso de sospecha de contacto con alguien afectado por COVID-19, las autoridades recomiendan la cuarentena voluntaria y la solicitud médica correspondiente.
Aumento exponencial de casos
El integrante del GACH Fernando Paganini informó que desde la última conferencia de prensa, el 5 de noviembre, se constató un deterioro de la situación, que se acentuó el último mes, con un crecimiento exponencial de casos que hace peligrar la permanencia en la zona amarilla en cuanto al control de la pandemia, según criterios de Harvard. El número de casos se duplica en el orden de los quince días y, si esa tendencia continúa, el promedio semanal de casos diarios podría superar los 300 para, a fin de año, ingresar en la zona naranja.
El empuje se registra en el área metropolitana de Montevideo, con múltiples brotes diseminados, lo que dificulta la tarea de los rastreadores del Ministerio de Salud Pública para seguir el hilo epidemiológico. Por este motivo, es necesario un “refuerzo claro del control de la epidemia”, indicó, y reafirmó que ahora el objetivo es detener el crecimiento.
Las medidas serán evaluadas el 18 de diciembre
El viernes 18, el Gobierno realizará una evaluación de la situación de la emergencia sanitaria y analizará la necesidad de adoptar decisiones más extremas. En ese escenario no deseado, Lacalle Pou advirtió que no solo se afectaría la salud, sino también la economía y el trabajo. Recordó que el número de personas en el seguro de desempleo es 90.000 y ascendió de 48.000 hasta un pico de 197.000.
En cuanto a la vacuna para combatir la COVID-19, Lacalle Pou reiteró que no está definida cuál será la que adquirirá nuestro país. Adelantó que su aplicación no será obligatoria y agregó que el horizonte del plan de vacunación previsto por el Gobierno es el segundo trimestre del 2021.
