La Justicia determinó condena para dos implicados por los cuales hubo allanamientos en Florida hace un año donde se detectaron datos de usuarios, transferencias, contraseñas y otros tipos de información por contratar IPTV ilegal a través de los operadores que fueron detenidos.
La condena es por la violación del artículo 4 de la ley 17520 de televisión por cable y por el artículo 46 de la ley 9739 sobre derechos de autor. Y tiene una importancia sustancial en el combate contra la piratería, al sentar un antecedente de condena a una actividad notoriamente ilegal.
El dictamen fue en proceso abreviado solicitado por la Fiscalía a cargo de la Dra. Lucía Nogueira en el Juzgado Letrado del 1er. Turno a cargo del Juez Dr. Diego Prieto, que estableció condena de seis meses de libertad vigilada.
El fallo marca un antes y un después ya que desde hace un buen tiempo, las autoridades vienen investigando y realizando operativos contra la venta ilegal de señales de televisión por internet.
Los implicados, identificados como R.E.M.R. y S.M.S.A., eran indagados desde junio de 2019 por el hurto de señal y violación a la ley de propiedad intelectual por la reproducción ilegitima de las señales de los canales de aire y de cable a través de internet.
La denuncia se inició por la interceptación de señales televisivas que indicó un representante de las señales 4, 10, 12 y VTV. Y el procedimiento contó con varios allanamientos que permitió la incautación de varios equipos.
“Incluso algunos de los equipos informáticos estaban in situ distribuyendo señal sin autorización”, explicó el Dr. Prieto.
Además de en Florida, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU) promovió las investigaciones y las denuncias con antecedentes de procedimientos en Cerro Largo, Melo, Rocha, Minas y Maldonado.
Pero fue en Florida donde efectivamente se terminó estableciendo una condena por este tipo de casos.
Si bien ya existe tutela legal desde el año 2002 para algunos de los delitos específicos sobre las señales y aún anterior -aunque actualizadas- sobre derechos de autor, el caso sentó un antecedente único en el país.
“No son muchos (casos) de este tipo y es el primero y el único en Florida de estas características”, apuntó el Juez.
Este detalle también fue señalado por el abogado patrocinante y especialista en derecho intelectual, Dr. Fernando Couto.
“Sino es la primera, es de las primeras de piratería de señales por IPTV. La labor del Juez y la Fiscalía fue fabulosa, puesto que como toda primera cosa cuesta más que las otras y es una gran impulso para seguir adelante”, afirmó tras conocer la condena.
Couto sostuvo que este importante antecedentes legal, incluso “impulsa a los demás casos que tenemos ahora”.
El abogado dijo que hay varios caso en proceso, en diferentes etapas, algunos de los cuales no pueden ser aún revelados para no entorpecer la investigación.
USUARIOS, TRANSFERENCIAS Y DAÑOS
Un importante aspecto del fallo, es que a partir de ahora se analizan las aún insospechadas derivaciones jurídicas y legales de afectación sobre quienes contratan este tipo de servicios.
Couto, que patrocinó a los denunciantes, dijo que ahora quedó plenamente claro que hay un delito. “Y se configura desde el momento en que el operador vende la señal ilegal. Y el usuario que contrata con un desconocido, que también comete delito”.
Los usuarios deberían tener en cuenta que se exponen a los perjuicios de la piratería que utiliza sus mismas conexiones de internet para la operativa, siendo parte así de los registros de la maniobra.
“Ese programa se conecta, por ejemplo, a los lugares donde hace compras por internet y está su número de cuenta. Es la primera infracción”.
Así, los usuarios de estos servicios son parte expuesta con sus movimientos financieros, transferencias, pagos y formas de registro.
Hasta la detención de los implicados, la información está en poder del operador ilegal y de un sinnúmero de desconocidos que pueden -o pudieron- exponer a la persona a otros delitos.
Hace un año, cuando muchos usuarios del servicio habían desestimado los allanamientos, Couto advirtió “que la investigación continuaría y la denuncia tendría resultados, lo cual efectivamente está sucediendo”.
Por ejemplo, durante la investigación, se hizo lugar al levantamiento del secreto bancario para establecer donde se generaron depósitos y transferencias para los pagos por el servicio ilegal.
“Muchas veces se hacía el negocio a través del whatsapp de la persona. La gente muchas veces dice que no sabía que era una actividad ilegal.
Ahora tenemos una condena que dice que es ilegal y está fuera de toda discusión.
Todos los elementos llevan a que se está dando una actividad en negro, pero además es notoriamente ilegal: sin boleta, sin servicio técnico, sin saber con quien contrata, sin saber qué instalo en mi dispositivo y hasta donde va mi dinero en última instancia.
Quién sabe que estamos financiando con ese dinero e incluso a nivel internacional. Se quiere pensar que no es ilegal pero es indefendible”.
En cuanto al daño, Couto dijo que es imposible de cuantificar y no es solo dinero. “Va mucho más allá. Se afecta a todos los trabajadores de la industria.
Hay una publicidad que habla de una cadena donde están todos en casa eslabón. Si se rompe uno, toda la cadena queda inútil y esto se derrumba.
Luego de la múltiples acciones, se destacó el importante trabajo de Fiscalía ya que, si bien no existe el área especializada en el país para este tipo de delitos, hubo un manejo excelente para poder proceder y ahora finalmente establecer condena y antecedente.
Jefaturas policiales, áreas de Investigaciones, Grupos de Respuesta Táctica, Policía Científica y otras áreas a lo largo y ancho del país, fueron también fundamentales para el relevamiento de pruebas que posibilitaron esclarecer el caso, principalmente las unidades de Florida que accionaron en forma conjunta.
“Tengo que agradecer a todos los actores, al fiscal que corresponda de cada una de las ciudades que se preocuparon por este tema. A los jueces que resolvieron y a todos los que hicieron su aporte.
Muchas veces la piratería fue dejada de lado como delito menor.
Quizás no es el momento, pero tenemos que pedir un poco más de atención para poder salvar a una industria que genera fuentes de empleo, está siendo atacada, destrozada, en forma ilegítima y para la cual precisamos una mano principalmente en lo que refiere a internet”.
