El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, avanza en la revisión de gastos de su cartera y ordenó detener una “cocina” de 113 millones de pesos (2,7 millones de dólares). Anteriormente había cancelado un evento de Interpol con un gasto de más de US$ 3 millones. Estos ahorros, según informaron fuentes del Ministerio a El País, equivalen a 1.600 tobilleras electrónicas, necesarias para combatir los casos de violencia doméstica.
En el marco de la política de revisión de gastos que se viene realizando dentro del Ministerio del Interior, el ministro Jorge Larrañaga ordenó detener el proceso de construcción de un nuevo “servicio de alimentación” para la Dirección de Asuntos Sociales.
Larrañaga, con el asesoramiento del director de Asuntos Sociales, José Pedro Delgado, decidió desandar el camino trazado por la anterior administración frenteamplista, la cual, mediante la licitación 4/2019, se encaminaba a la construcción de una obra que costaría US$ 2,7 millones.
La decisión del secretario de Estado se basa en “razones de buena administración y por considerar inoportuno, inconveniente e innecesaria la obra y la erogación que la misma supondría”.
La obra implicaba la construcción de un edificio con dos cámaras frigoríficas, tanques especiales, equipamiento de cocina y baños con loza vitrificada tipo Ferrum y comandos con herraje de bronce cromado, dos ascensores tipo Otis o calidad superior y piso de granito negro absoluto.
También cortinas metálicas con motor anti animales pequeños e insectos, vidriería con películas de seguridad, mesadas en comedores y cocinas realizadas en mármol blanco.
Del mismo modo, se preveía la construcción de un estacionamiento con bolardos de metal y a nivel de jardinería canteros con piedra partida y caña de bambú.
Según las nuevas autoridades ministeriales “si bien el Departamento de Alimentación cuenta con una estructura que necesita algunas refacciones edilicias, funciona correctamente y no se justifica una inversión de esta magnitud”.
Si bien el proceso licitatorio comenzó el año pasado y ya tenía la aprobación de la exdirectora de Asuntos Sociales Inés Bausero, por el monto de la obra se requería la intervención del presidente de la República, razón por la cual el ministro Larrañaga puso en conocimiento al presidente Luis Lacalle Pou, y ambos coincidieron en detener la obra.
Como diera cuenta el sábado El País, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, anunció que está culminado el proceso de compra de tobilleras electrónicas. Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya destinó los fondos para la ampliación del presupuesto para estos dispositivos en 4 millones de dólares, a fin de comprar 50% más de tobilleras en 2020 y llegar a 1.500 a fin de año.
“Ya se destinaron los fondos para la compra de tobilleras electrónicas, tal cual lo anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche”, anunció Argimón el jueves 16, tras reunirse en la Torre Ejecutiva con el presidente.
El 9 de marzo, a poco de asumir el nuevo gobierno, la vicepresidenta y la ministra anunciaron el incremento de la cantidad de tobilleras electrónicas para atender la emergencia de violencia doméstica.
Argimón mencionó, además, que el 29 de abril se reunirá nuevamente el Consejo Consultivo sobre Violencia hacia las Mujeres, en este caso de forma virtual. Este organismo fue creado por la Ley Integral de Violencia basada en Género y es un ámbito que permite realizar evaluaciones. En la ocasión, se hará una puesta a punto de la situación en este período especial de resguardo físico en los hogares por la pandemia del coronavirus.
Congreso y cena de gala que no serán
Como diera cuenta El País en su edición del 6 de marzo, el presidente de la República y el ministro del Interior desistieron de organizar el Congreso Mundial de Interpol que estaba previsto se hiciera entre el 15 y el 30 de octubre de 2020 en Punta del Este. La realización del encuentro había sido declarada de interés general por el gobierno anterior del Frente Amplio.
El costo del mismo superaba los US$ 3 millones y las observaciones del Tribunal de Cuentas de esos gastos hicieron desistir de su realización, según explicó entonces Jorge Larrañaga.
El Centro de Convenciones de Punta del Este informó a la cartera que el costo de la reunión sería de US$ 1.224.500, sin IVA. Asistirían 1.200 efectivos de Interpol de todo el mundo. En tanto, la cena de gala en dicho centro fue cotizada en US$ 433.100, impuestos incluidos. El Tribunal de Cuentas observó los dos gastos por entender que el gobierno anterior debió haber llamado a licitación.
