imagen ilustrativa
El hecho ocurrió el domingo sobre las seis de la tarde, en ruta 11 km 102, cuando cuatro personas rapiñaron la estación de servicio del lugar y se dieron a la fuga realizando disparos con armas de fuego, en el auto de un cliente que cargaba combustible.
De inmediato se organizó un operativo conjunto de policía con Pado, personal de URPC, Policía de Tránsito e Investigaciones.
En primera instancia los oficiales lograron ubicar el auto en ruta 5 km 39; los autores continuaron la marcha en otro vehículo y fueron avistados en la zona de Progreso donde comenzó una persecución.
Dos de ellos fueron detenidos en la intersección entre Ruta 5 y Río Negro, y otros dos en el interior de de una vivienda de la zona.
Policía incautó armas de fuego y el dinero robado a la estación de servicio. De acuerdo a lo informado a la justicia, los individuos fueron ingresados a la seccional policial de Canelones sobre las siete de la tarde y antes habían sido trasladados a Las Piedras.
El día lunes por la tarde fueron derivados al juzgado con pedido de formalización de la fiscal Mónica Castro. Sin embargo el juez penal Luis Sobot no llegó a oír los hechos de formalización ya que consideró que la detención era ilegal, al momento de la audiencia por haberse excedido el plazo de 24 horas dentro del cual debe realizarse la comparecencia.
Desde fiscalía se informó a Subrayado, que el juez no permitió el ingreso a la audiencia pública al oficial de policía que llevaba la carpeta con el registro del horario de la detención y se afirmó además que la doctora Castro, fiscal del caso, apeló la decisión judicial y espera una resolución para los próximos días.
En tanto, desde el Poder Judicial se explicó que el juez penal de primer turno de Canelones, el Doctor Luis Alberto Sobot, actuó dentro de lo que establece el artículo 266 inciso cuatro del Código del Proceso Penal siguiendo el artículo 16 de la Constitución de la República, el que refiere al tiempo máximo en que un ciudadano puede estar privado de libertad sin actuación de la justicia.
Se entiende que hubo un error de concepto al momento de establecer cuando comienza el plazo de 24 horas para llevar a los implicados a la audiencia.
Por su parte se asume que fueron dejados en libertad actores confesos de una rapiña y que los mismos podrían reincidir o hasta fugarse antes de ser convocados a una nueva audiencia de formalización.
Acerca del autor
