El objeto había sido incautado por las autoridades de Montevideo en el marco de una concentración del movimiento.
Varios integrantes del movimiento denominado Un Solo Uruguay (USU) presentarán en las próximas horas un petitorio para que la Intendencia de Montevideo les devuelva la piedra que se el 5 de setiembre se intentó colocar en las inmediaciones del Palacio Legislativo, en el marco de una movilización, y que les fue “decomisada”.
En el escrito, al que accedió ECOS, se afirma que “por un exceso de celo de las autoridades responsables de la seguridad” la actividad no pudo desarrollarse en la forma programada.
“Se nos impidió, a nuestro juicio en forma abusiva, la libre circulación de los manifestantes por las calles del Centro de Montevideo”, dice el petitorio.
Por lo tanto, la concentración quedó reducida a las inmediaciones del Parlamento.
En la petición el movimiento dejó constancia de que en las dos semanas previas al evento se mantuvo comunicación con el Ministerio del Interior. Recién el mismo día de la manifestación se les informó de la prohibición de circulación.
Algo que “claramente consideramos un atropello y un desconocimiento a la libertad que tiene en nuestro país cualquier organización gremial o social”.
El escrito relata que durante la concentración ante el Legislativo algunos integrantes de USU depositaron, en forma simbólica en uno de los canteros aledaños, una piedra con una inscripción.
“Un Solo Uruguay. Enero 2018-Setiembre 2019. Luchando por el país que nos merecemos….. Sin banderas políticas….por una Patria para todos nuestros hijos”, decía la proclama.
A poco de ocurrido el hecho y sin mediar “comunicación alguna”, personal de la Intendencia de Montevideo procedió a “decomisar” la piedra, llevándola a dependencias municipales.
“Hasta la fecha han sido infructuosas las medidas informales que se han llevado adelante para la devolución de un bien que claramente no pertenece al gobierno departamental, sino a integrantes del movimiento Un Solo Uruguay”, afirma el petitorio.
La colocación de la piedra, se aclara, no representó daño alguno, perjuicio ni degradación para el espacio público.
“La actuación abusiva de la autoridad departamental vulneró el legítimo derecho a la debida defensa, reconocido constitucionalmente, dado que no advirtió ni ordenó el retiro ni tampoco otorgó un plazo razonables para efectuar descargos”, se asegura.
Por lo tanto los manifestantes, desde este punto de vista, quedaron en situación vulnerable y de clara indefensión ante el accionar desmedido de la Intendencia.
El petitorio dice desconocer además el fundamento objetivo del decomiso de la piedra, por lo que “en forma respetuosa solicitamos la devolución de un bien que solo tiene valor para los integrantes del movimiento y ninguno para la autoridad municipal de turno”.
De concretarse la devolución, se señala, la actitud del gobierno de Montevideo será tomada como una “clara acción proactiva tendiente a que las relaciones entre gobernantes y manifestantes se desarrollen con madurez democrática y republicana, como anhelamos todos los uruguayos”.
Los firmantes de la petición se comprometen además a darle a la piedra una ubicación “digna y respetuosa” de las autoridades y disposiciones vigentes, ya sea en Montevideo o en otro punto del país.
El escrito se elevará bajo el amparo del artículo 30 de la Constitución, que establece que “todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República”.
Los peticionantes reivindican a su movimiento como una organización de alcance nacional, que representa a los trabajadores y productores de áreas de la economía nacional que dinamizan y dan vida al país.
Un movimiento que superó todas sus expectativas: “nos hemos visto gratamente superados por miles de adhesiones a lo largo y ancho del país”, se afirma.
“Representamos y actuamos. En una democracia pluralista como la nuestra, somos un actor más”.
USU afirma que no actúa ni surge como oposición a nadie. “Nos proponemos sensibilizar a la población en torno a situaciones problemáticas que atraviesan todos estos sectores por igual, y que generan dificultades económicas que impactan en el crecimiento, el empleo y en las oportunidades para los uruguayos”.
En la petición, se le aclara al intendente Christian Di Candia que “no adherimos a ningún grupo político-partidario”.
También que el movimiento no mantiene ningún ánimo “refundacional ni revisionista”.
Simplemente, “partimos de la realidad”.
El grupo resaltó además que todas sus actividades públicas han sido en el legítimo uso de los derechos constitucionales de reunión y de protesta, mediante actos, marchas, concentraciones y conferencias en todo el país.
“En ninguna de estas actividades se han registrado incidentes de tipo alguno, dado que somos profundamente respetuosos del marco legal vigente en nuestro Estado de Derecho”, se aclara.
